Andrés López Vergara, En Estrado.
El informe dado a conocer la semana pasada, elaborado por la consultora Isónoma, denominado “Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial”, ha sido objeto de debate dentro de la institución.
Dio cuenta que en los tribunales de familia y de garantía se detectó sesgo de género en el tratamiento de casos de violencia intrafamiliar en que son víctimas mujeres, revictimización, falta de coordinación y reveló que hay bastantes temas pendientes en esta materia, a pesar de los esfuerzos de la ministra Andrea Muñoz, encargada de asuntos de género y no discriminación de la Corte Suprema, y la Secretaría Técnica encargada de llevar adelante esta política.
“De las observaciones realizadas en los Juzgados de Garantía visitados, cabe señalar que se apreció un comportamiento heterogéneo en la atención a las mujeres que acudían por información. En general no se observó un tratamiento diferenciado para mujeres que asistían por VIF o delitos sexuales. Tampoco se apreció privacidad en la atención. En los tribunales de garantía puede ser él o la fiscal quien explique a las mujeres víctimas lo sucedido en la audiencia, aunque por la rapidez y sucesión de las audiencias, en la mayoría de los casos nadie se detiene a explicar lo sucedido, aunque es importante señalar que en la mayoría de las audiencias la víctima no está presente. La presencia de querellante (público o privado) es muy minoritaria, pero se reconoce como un elemento que mejora la información y la participación de las víctimas en el proceso judicial. Al igual que en familia, en algunos casos se observaron algunos sesgos y estereotipos de género referidos a la credibilidad de las víctimas en cuanto a la instrumentalización del sistema”, señala parte del informe.
Susan Sepúlveda, jueza titular del Tercer Juzgado de Familia de Santiago y vocera en tema de Familia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, conversó con En Estrado sobre los alcances del análisis.
-¿Cómo toman este informe sobre el acceso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar?
-Es coincidente con las críticas que como asociación hemos hecho sobre el sistema judicial en relación con el juzgamiento con perspectiva de derechos humanos y género, que fue lo que motivó la creación de una comisión técnica al interior del gremio el año 2013, en cuyo seno nos hemos preocupado principalmente de la capacitación y difusión al interior de la judicatura a partir de las necesidades y prioridades que detectamos fruto de nuestra propia experiencia.
-¿En qué están de acuerdo y qué puntos no comparten?
-Coincidimos con el informe de manera íntegra. No existen aspectos que como asociación no hayamos advertido en nuestras actividades y en los espacios institucionales en los que hemos participado. En ese plano hemos sido agentes activos en la búsqueda de mejoras del sistema judicial para aumentar el acceso a la justicia, en especial de aquellos grupos históricamente discriminados como son precisamente las mujeres.
-¿Existe sesgo de género en el tratamiento de estos casos?
-Existe. El sesgo de género es un problema complejo de índole cultural, y como tal permea a las instituciones, incluido el Poder Judicial, lo que explica que ese sesgo alcance el tratamiento de las causas por violencia intrafamiliar y permite explicar también lo difícil que resulta su erradicación.
-¿Qué lecciones sacan de este análisis? ¿Falta una real aplicación de las políticas de género?
-Este análisis, al igual que lo fue el Estudio Diagnóstico de la Perspectiva de Género, permite visibilizar los nudos críticos del sistema judicial e implementar mejoras que sean efectivas. Falta aplicación de las políticas de género, porque no obstante los estudios y diagnósticos realizados y materiales de apoyo difundidos, quedan muchas barreras por derribar para que sea visible un verdadero avance en beneficio de las mujeres que acceden al sistema.
-¿Creen que el gran escollo es la dificultad de erradicar cultural y organizacionalmente el machismo y el sesgo en el Poder Judicial?
-Así es, porque la discriminación en contra de las mujeres es un problema estructural y de origen cultural como dije antes; lo que sucede es que en sede judicial se ve agravado por el sistema jerárquico que caracteriza a nuestro Poder Judicial y la cultura institucional de sumisión de la que incluso hace referencia el Estudio Diagnóstico de la Perspectiva de Género dado a conocer en julio de 2016.
