Andrés López Vergara, En Estrado.
“El estallido social y la pandemia han removido estructuras de nuestro país que dábamos por sentadas. Sin embargo, las consecuencias de estos procesos no fueron sólo negativas, pues nos han dado la posibilidad de un nuevo comienzo”.
Ese es parte del discurso realizado hoy por el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en el inicio del año judicial 2021, ceremonia que se llevó a cabo durante la mañana y contó con la presencia del Presidente Sebastián Piñera, entre otras autoridades del sector justicia.
Haciendo un repaso en los desafíos, medidas y dificultades que tuvo el Poder Judicial durante el año de la pandemia, Silva pidió que se concrete la Reforma Procesal Civil, dio cuenta de la postura frente al proceso constituyente y alertó sobre la acumulación de causas a raíz del impacto del Covid-19.
“Pensando ya en la vuelta a la normalidad que se avecina, hemos preparado propuestas para superar la acumulación de causas que ha generado la pandemia, para lo cual necesitamos, desde luego, el apoyo del Ejecutivo y del Legislador. Con el uso exclusivo de los recursos existentes no será posible recuperar, en tiempos razonables, la oportunidad que la impartición de justicia ha perdido producto de la crisis sanitaria”, señaló.
Agregó que “sólo con la voluntad mancomunada de todos los poderes del Estado, de los distintos intervinientes de los procesos judiciales y, naturalmente, con nuestro ímpetu, será posible, en un futuro cercano, regresar no sólo a la tan ansiada normalidad, sino a una mejor normalidad, con una justicia moderna y oportuna, que aproveche el conocimiento acumulado durante estos meses, de un modo que contribuya a perfilar el que esperamos sea el nuevo Chile”.
Sobre la postergación constante de la Reforma Procesal Civil, la máxima autoridad del Poder Judicial indicó que “Como en años anteriores, quiero hacer énfasis en la necesidad de la Reforma Procesal Civil. Vemos con preocupación el fenómeno que se ha generado en torno a ella, donde como país parecemos habernos acostumbrado a lamentar su postergación, conformándonos con la pura promesa de su futura puesta en marcha. Debemos salir de este estado y superar la inercia en la que hemos caído, porque a estas alturas parecemos estar más cerca de abandonar un esfuerzo de más de 15 años, que de hacer realidad esta reforma. La eternización del debate en torno a ella desatiende el hecho de que en esta reforma está cifrada la expectativa de ampliación del acceso a la justicia. Este punto es central y merece ser enfatizado”.
Proceso constituyente
“La Corte Suprema no puede ser indiferente a los procesos de cambio trascendentales. En diversas ocasiones nos habíamos abocado al análisis y al debate sobre gobierno judicial, el sistema de nombramientos y la reforma constitucional anunciada en gobiernos anteriores. Pero ya formalizado el acuerdo político para una nueva Carta Fundamental, con una decisión plebiscitaria que así lo refrenda, se hizo evidente la necesidad de reflexionar sobre los diferentes ámbitos vinculados a la jurisdicción y al Poder Judicial que probablemente serán objeto de discusión por la Convención”, manifestó.
Agregó que “así fue que en diciembre nos volcamos al estudio de estas materias, que nos permitió adoptar acuerdos referentes a los principios de la jurisdicción, del que la independencia judicial siempre se encuentra como piedra angular; la concepción del ‘judicial’ como un ‘poder’ del estado; la unidad de jurisdicción y su relevancia para la justicia y el sistema de responsabilidad de los jueces. También se acordó la necesidad de separar la función jurisdiccional de las que no lo son, concentrando los temas asociados a formación y capacitación, nombramientos y carrera funcionaria, la responsabilidad disciplinaria y la administración y gestión de recursos, en un órgano cuya composición puede ser interna, externa o mixta, pero en cualquier caso aseguradora de la independencia judicial”.
Explicó, además, que “abordamos la autonomía financiera del Poder Judicial; el rol de la superintendencia directiva, correccional y económica y el papel jurisdiccional de la Corte Suprema, relevando la importancia de la función de tutela de garantías constitucionales que hoy desempeña, dada su oportunidad y eficacia en el resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Este trabajo lo hemos puesto a disposición de la comunidad con el propósito de ser un aporte para el debate, con pleno respeto al espacio de deliberación que tendrán los convencionales. Del mismo modo, nos estamos preparando para ejercer el rol que la reforma constitucional de 2019 asignó a la Corte Suprema para resolver las controversias de carácter procedimental que se produzcan en el seno del funcionamiento de la Convención Constitucional”.
Lea acá el discurso: Cuenta Pública 2021 versión 01.03.2021 (completa).
