El Ministerio Público determinó dar este martes, dar un giro crucial en la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras, la mujer de 86 años cuyo rastro se perdió en mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas. Mediante una misiva despachada este 20 de mayo desde la Fiscalía Nacional, el titular del organismo, Ángel Valencia, comunicó la decisión de desplazar la causa de la jurisdicción de Valparaíso hacia la Región Metropolitana, atendiendo a la complejidad y la desconfianza generada en torno a los equipos originales.
La resolución, firmada por la jefa de gabinete del Fiscal Nacional, Catalina Wildner, establece que tras evaluar la gravedad de los hechos, la máxima autoridad del Ministerio Público, tras tras recibir el 14 de mayo una petición de la familia a través de su nieta, Carla Hernández, “ha resuelto dar lugar a lo solicitado, estimando que se hace necesario que sea otra Fiscalía Regional distinta a la Fiscalía Regional de Valparaíso la que investigue los hechos referidos”. En ese sentido, el documento precisa que la dirección de la acción penal y la protección de víctimas quedará bajo la tutela del Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos.
El penalista Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia se refirió a la decisión. “Don Marcos Pastén muy gentilmente, ha tomado contacto conmigo en el curso de hoy y va a adoptar las decisiones operativas y jurisdiccionales que le parezcan razonables de acuerdo al avance de la investigación y a la reorganización de los equipos. La familia recibe esta notificación agradecida y a su vez con muchas esperanzas de un resultado favorable”, enfatizó.
Críticas al sesgo institucional
El traspaso de la carpeta ocurre en un momento crítico para la causa. En una reciente entrevista concedida a En Estrado, Juan Carlos Manríquez, profundizó en las razones detrás de la desconfianza en la gestión de la Fiscalía de Limache. Según el jurista, el fracaso inicial de las pesquisas respondió a una mirada prejuiciosa sobre la condición de la víctima: “Esta investigación partió con un sesgo. Se asumió que los viejitos se pierden porque están dementes o incapaces”, sostuvo en diálogo con este medio.
Para el abogado, la tesis de la desorientación que imperó en el tribunal local no solo fue errónea, sino que permitió la degradación de pruebas biológicas y digitales. En sus declaraciones a En Estrado, Manríquez fue enfático en que “se afectó de manera irreversible evidencia central: las cámaras de seguridad no se retiraron a tiempo, se confundió un registro de 24 horas que nunca se entregó y el pendrive utilizado era insuficiente”.
Un relato de negligencias y pistas truncas
La historia de este enigma judicial comenzó el 12 de mayo de 2024, cuando María Ercira se levantó de su mesa durante un almuerzo por el Día de la Madre para ir al baño y nunca regresó. Lo que debió ser una búsqueda inmediata se transformó en una cadena de omisiones. No fue sino hasta noviembre de 2025 que la familia logró reimpulsar el caso tras la difusión de videos que daban cuenta de la presencia de un “garzón fantasma” en el lugar, quien no había sido interrogado por el fiscal Guillermo Sánchez bajo el argumento de que solo se encontraba en la cocina.
La presión de los querellantes permitió que la investigación explorara aristas ignoradas. El 8 de enero de 2026, un nuevo testimonio reveló que la noche de la desaparición, el cuidador del fundo, Jacinto Ayala, habría transitado en una camioneta cargando “tambores azules” hacia su domicilio. Días más tarde, el 12 de enero, la PDI detectó una mancha de sangre en la vivienda de dicho trabajador, aunque los peritajes científicos concluyeron en mayo que la muestra no poseía “suficiente cantidad de material genético humano” para establecer una huella genética clara.
A estos hechos se sumó la aparición de la figura de Jean Philip, pareja de la propietaria del fundo, quien según declaraciones de testigos habría recibido las grabaciones originales de las cámaras antes de que estas fueran sobre escritas hacia finales de 2024. Con todos estos antecedentes y al cumplirse dos años del suceso este 12 de mayo de 2026, la Fiscalía Nacional terminó por validar la tesis del entorno de la víctima: el sistema local no dio el ancho. Ahora, el nuevo equipo de Alta Complejidad en Santiago deberá reinterpretar de forma holística las evidencias para determinar si, como sospecha la familia, la “tierra no devuelve a los muertos” por falta de pericia o por la intervención deliberada de terceros.
