En su artículo -titulado “El desafío de la Defensoría: impulsar el Gobierno Abierto durante el estallido social y la pandemia en Chile”-, Carlos Mora Jano explica en detalle cómo la institución logró cumplir casi en un 100 por ciento los cinco compromisos que asumió al sumarse al Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado de Chile.
A través de un artículo enviado por el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, la Defensoría Penal Pública participó en el libro “Voces de Gobierno Abierto en Chile (2011-2021)”, publicado en enero pasado por la Comisión de Integridad Pública y Transparencia -dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- y el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El texto, editado por Álvaro Ramírez-Alujas -académico del INAP- e impulsado por la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), recoge distintas miradas académicas, institucionales, multilaterales y de la sociedad civil chilena sobre los avances logrados tras la incorporación de Chile a esta alianza global que, al alero de la ‘Agenda 2030’ de la ONU, promueve desde 2011 el desarrollo de políticas públicas innovadoras y nuevas formas de gobernanza basadas en tres principios básicos: transparencia, participación y colaboración.
En siete partes o capítulos, el texto recoge voces diversas sobre el desarrollo que ha tenido esta temática. En la primera parte, por ejemplo, escriben Pablo Sepúlveda, secretario ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia; la profesional Claudia Montero -de ese mismo servicio- y Roman Josif, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, dependiente del Ministerio de Hacienda.
También hay artículos de expertos de organismos internacionales como la OGP, la Cepal o el PNUD -entre otros-, de representantes de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (ChileCompra), de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, del Servicio Civil, del Consejo para la Transparencia (CPLT), de la Contraloría General de la República y de los Ministerios de Ciencia, Vivienda, Medio Ambiente, entre otros servicios públicos.
Otras tres partes recogen aportes de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones académicas y de municipios abiertos, para luego exponer los textos enviados por Mauricio Silva Cancino (ministro de la Corte Suprema), Luis Rojas y Rocío Noriega (Congreso Nacional) y Carlos Mora, como jefe superior de la defensa pública en Chile.
UN GRAN DESAFÍO
En su artículo -titulado “El desafío de la Defensoría: impulsar el Gobierno Abierto durante el estallido social y la pandemia en Chile”-, el Defensor Nacional explica en detalle cómo la institución logró cumplir casi en un 100 por ciento los cinco compromisos que asumió al sumarse al Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado de Chile (2018-2020) como la primera institución del sector justicia en apoyar esta iniciativa con medidas concretas.
Al efecto, la iniciativa de “Justicia Abierta” contenía cinco tareas específicas a desarrollar: la creación de una mesa de coordinación interinstitucional para una ‘justicia abierta’, el desarrollo de un programa de difusión de lenguaje claro, la instalación de una plataforma de datos abiertos en la página web institucional, la definición de una estrategia multicanal de atención de usuarios y la co-creación de una ‘Política de Gobierno Abierto de la Defensoría Penal Pública’.
“Se trata de una iniciativa ambiciosa, desarrollada en un contexto muy complejo, que ha involucrado, entre otros ingredientes, una progresiva crisis de credibilidad de las instituciones, una creciente falta de conocimiento de la población sobre sus derechos -particularmente en el ámbito penal- y la pandemia de Covid-19, que desde marzo de 2020 ha alterado fuertemente no sólo el funcionamiento del sistema de justicia, sino del país en su conjunto”, explica Mora Jano.
En su escrito, el jefe nacional de la defensa pública profundiza en el enorme esfuerzo participativo que implicó esta última iniciativa que, a través de encuentros presenciales organizados en todo el país durante 2019, recogió la visión de 432 personas que trabajan como funcionarias o colaboradoras de la institución, tras lo cual la política se sancionó oficialmente en diciembre de ese año.
“Cada encuentro regional convocó a un promedio de 20 a 30 personas y se estructuró en dos etapas: una informativa y otra teórico-práctica, con una duración total cercana a tres horas”, sostiene Mora, quien al cerrar su artículo concluye que “los principios del Gobierno Abierto deben constituir una preocupación central del estado social y democrático de derecho. Para la Defensoría, se trata de un mandato insoslayable, que demanda una estrategia sustentable y sistemática de acciones en todos los ámbitos de su quehacer, con la participación activa de todos los actores políticos y sociales, y cuyo avance y consolidación es medible y verificable”.
Libro Voces de Gobierno Abierto_digital
