El Informe Final N° 452-2026 de la Contraloría Regional reveló un crítico panorama en el recinto Antay, operado por la Fundación Creeser. El documento consigna la hospitalización de un menor por risperidona, niños sin tratamiento médico oportuno, vulneraciones educativas de 145 días y el traspaso extraordinario de más de $651 millones mediante resoluciones de urgencia sucesivas.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó a la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) la instrucción de un procedimiento disciplinario “a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos allí descritos”. La medida se dispuso tras una fiscalización realizada el pasado 14 de mayo a la Residencia de Protección para Lactantes y Preescolares Antay (RLP Antay), recinto administrado por la Fundación Creeser, en donde el ente de control constató severas irregularidades en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.
El Informe de Inspección en Terreno N° 452 de 2026 estableció que el establecimiento carecía de un sistema claro y actualizado para controlar la administración de fármacos. Entre las situaciones de mayor gravedad registradas durante el año, el organismo fiscalizador relevó la hospitalización de un menor tras sufrir una sobredosis de risperidona, además de la interrupción por dos días consecutivos del tratamiento prescrito a otro residente. Paralelamente , la fiscalización verificó que un niño diagnosticado con varicela, en el marco de un brote que afectó a seis menores en la residencia, no recibió el tratamiento farmacológico indicado por el servicio de urgencia, debiendo ser derivado posteriormente a un centro asistencial para una nueva prescripción. En el plano del resguardo, los auditores constataron la existencia de muebles de medicamentos sin candado y la pérdida de llaves de la sala de salud, manteniendo “observaciones reiteradas relacionadas con la administración, trazabilidad, conservación y resguardo de medicamentos”.
En el ámbito asistencial, el expediente auditor acreditó fallas de registro y derivación oportuna. El informe consignó demoras en la atención de un residente herido en un dedo, así como vacíos documentales respecto de una niña de siete años que sufrió una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, caso en el cual la falta de antecedentes clínicos impidió determinar la fecha exacta del accidente y la oportunidad de su traslado a urgencias.
Las deficiencias se extendieron también a la habitabilidad y la gestión de personal. La residencia albergaba a 21 menores pese a contar con una capacidad autorizada de solo 15 plazas, lo que representaba una sobreocupación del 40% y obligaba a ubicar camas de reducidas dimensiones a nivel de piso. En materia de recursos humanos, cuatro de los cinco turnos analizados presentaron déficit de personal, al no cumplir con la dotación mínima de cuatro cuidadoras exigida para esa población. A ello se sumó que 13 trabajadores con contacto directo con los niños no tenían sus carpetas administrativas completas para acreditar su idoneidad, y que el recinto suministraba alimentación sin resolución sanitaria, operando además con instalaciones de gas desprovistas del Certificado de Inspección Periódica con Sello Verde.
En materia del derecho a la educación, la Contraloría comprobó que un niño permaneció 145 días corridos sin matrícula ni acceso a oferta escolar desde su ingreso el 11 de marzo de 2026, regularizando su situación recién en agosto al ser incorporado a un aula hospitalaria. Sobre este punto, el órgano de control enfatizó que la solución posterior “ello no desvirtúa la falta de acceso oportuno a la educación verificada durante la fiscalización“.
Finalmente, la auditoría reveló una anomalía en la gestión contractual de los recursos públicos: la residencia operó durante 20 meses consecutivos sin un convenio vigente, periodo en el cual Mejor Niñez autorizó el traspaso de $651.169.587 mediante 20 resoluciones de urgencia sucesivas, mecanismo excepcional que, según concluyó la Contraloría, “excede el carácter excepcional y transitorio previsto para este mecanismo”.
Revisa aquí el informe de Contraloría
