Los días 23 y 24 de abril, de manera remota, se llevó a cabo la mesa de trabajo para discutir los avances sobre la definición del delito de ecocidio, sus justificaciones, fundamentos y los aspectos procesales y de evidencia, entre otros temas relacionados.
Por equipo En Estrado.
El abogado Juan Carlos Manríquez participó la mesa de trabajo conformada por expertos internacionales de la Barra de la CPI, de la cual es miembro y que está a cargo de estudiar la inclusión del delito de Ecocidio en el Estatuto de Roma.
El encuentro se realizó de manera remota los días 23 y 24 de abril, instancia en la que juristas internacionales debatieron respecto a los avances sobre la definición del delito de ecocidio, sus justificaciones, fundamentos y los aspectos procesales y de evidencia, entre otros temas relacionados.
Asimismo, tuvieron la oportunidad de oír a especialistas de diversos países vinculados a las áreas relacionadas de ecocidio, quienes expusieron sobre experiencias comparadas y sobre la posibilidad de aplicar la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones ambientales. Todo ello, para eventualmente para ser considerada como un elemento más de interpretación de la Corte Penal Internacional.
La próxima reunión se realizará en el mes de octubre en La Haya, instancia en la que entregará el documento definitivo que pasará a discusión de todos los miembros de la CPI para luego ser enviado a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ser zanjará la propuesta.
Fue el pasado 17 de enero, cuando el Consejo Ejecutivo de la Barra de la Corte Penal Internacional notificó a Juan Carlos Manríquez de su inclusión en el grupo de expertos que estudia la posibilidad de que el delito de ecocidio esté contemplado como nuevo crimen internacional de competencia de la Corte.
Desde entonces, el abogado chileno participa activamente de la consulta que busca analizar la factibilidad de reformar el Estatuto de Roma y hacer que el tribunal con sede en La Haya, pueda perseguir este crimen y actuar contra los autores, personas naturales o jurídicas que perpetren daños irreversibles, irrecuperables, de gran extensión y que afecten componentes esenciales de un ecosistema, causen defaunación, deforestación, contaminación de aguas o aire incluso por efecto de faenas empresariales, extractivas o productivas.
La materia viene siendo estudiada desde una petición hecha un par de años atrás por el parlamento sueco, impulsada por la Fundación Stop Ecocide y por instancias internacionales, todo lo que busca dar una robusta definición legal para el nuevo delito, que armonice los distintos sistemas legales que rigen a nivel global con los avances y técnicas científicas de análisis y producción de última generación, como las observaciones y muestreos satelitales.
