En el seminario organizado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la UAI y la Asociación de Legaltech de Chile, la ministra de la Corte Suprema Adelita Ravanales llamó a actuar con prudencia frente al avance de la inteligencia artificial, mientras los panelistas coincidieron en que el desafío no puede abordarse únicamente desde el Poder Judicial
La automatización de procesos y el uso de inteligencia artificial en la tramitación judicial dejaron de ser una discusión de futuro. En julio, el ingreso de cerca de 40 mil escritos en apenas dos días en tribunales civiles de Santiago, a través de un sistema automatizado, evidenció que los desafíos que plantea la tecnología al sistema de justicia no pueden abordarse desde un solo sector y requieren la coordinación de todos sus actores.
Con ese propósito, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile (ANMM), el Colegio de Abogados de Chile, la Asociación de Legaltech de Chile (Altech) y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez organizaron en conjunto el seminario “Justicia abierta y acceso a datos: ¿cómo avanzar hacia una infraestructura judicial moderna?”, realizado este jueves 24 de septiembre en la sede Vitacura de la UAI. El encuentro buscó responder a una pregunta común: ¿qué condiciones institucionales, tecnológicas y de colaboración entre actores son clave para que la automatización y el acceso a datos fortalezcan la justicia y la confianza ciudadana?
“La tecnología avanza muy rápido y la prudencia aconseja mirar el escenario y tomar las precauciones para que los efectos o los impactos no terminen perjudicando la justicia en vez de beneficiarla”, advirtió la ministra de la Corte Suprema, Adelita Ravanales. En esa línea, recordó que un oficio de la Comisión de Tramitación Electrónica señala que “hay que tomar en consideración justamente el Código de Ética Judicial, que es lo que tenemos hoy y que da directrices de cómo aplicar la inteligencia artificial en la institución”, sin perjuicio de que el Poder Judicial avance en un plan de gobernanza digital.
Desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, su directora nacional y encargada de la Comisión de Justicia Digital, María Soledad Santana, planteó en la antesala del seminario que “las decisiones sobre automatización y acceso a datos exigen definir primero qué queremos automatizar, qué información se utilizará y con qué fin”.
Por su parte, Esteban Ruiz, director ejecutivo de Altech, sostuvo que “son conversaciones que tenemos que tener entre todos los actores del sistema: la academia, la empresa, la sociedad civil, las asociaciones gremiales. Porque son problemas que ni siquiera son del futuro, son del presente”. Recordó que en el extranjero Chile es admirado por contar con un sistema de justicia totalmente interconectado, lo que permitió mantener el acceso a la justicia durante la pandemia gracias a una capacidad instalada que nadie había previsto para una emergencia. “Hoy el segundo paso es cómo hacemos una infraestructura que pueda interactuar de máquina a máquina. Necesitamos ponernos de acuerdo para que esta interoperabilidad funcione, para que las empresas que hacen este servicio legítimamente, con consentimiento, con autorización, con mandato, puedan acceder a esa información en un uso legítimo”, planteó.
Ricardo Lillo, profesor de Derecho y director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la Universidad Adolfo Ibáñez, puso el foco en la reforma procesal civil y en el procedimiento simplificado, inspirado en la experiencia internacional de los tribunales de pequeñas causas y diseñado para ser litigado sin abogados. “Tenemos que hacernos cargo de eso, pero no desde la perspectiva de la prohibición, sino de cómo hacemos que estas personas que van a estar utilizando la inteligencia artificial tengan la guía necesaria, los filtros necesarios, sin poner una barrera desproporcionada a su derecho a acceder a la justicia”, afirmó. A su juicio, el desafío también pasa por evitar que los jueces se vean sobrepasados cuando esas causas ingresen: “Cómo meter inteligencia artificial para resoluciones de microtrámite y dejar aquello más complejo para ser resuelto”, una tarea urgente ante la intención del Gobierno de mover la agenda de la reforma procesal civil.
En tanto, Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados de Chile y ex contralor general de la República, advirtió que “es equivocado pensar que por la autonomía que tiene el Poder Judicial, debe definir las implicancias de la infraestructura tecnológica que tiene en materia de inteligencia artificial y tecnologías digitales, y ahí yo creo que hay una suerte de autotrampa”. Para Mendoza, esa infraestructura debe concebirse y desarrollarse de manera interoperable, junto a la Secretaría de Transformación Digital del Ministerio de Hacienda, los gremios vinculados a la gestión y administración de la justicia y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, “como materializador de las decisiones que afectan a la justicia y los roles de los diversos estamentos judiciales”.
Un panel transversal
El seminario se realizó en la sede Vitacura de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además de la ministra de la Corte Suprema y del Tribunal Calificador de Elecciones, Adelita Ravanales, el panel estuvo integrado por el presidente del Colegio de Abogados y ex contralor general de la República, Ramiro Mendoza; el director ejecutivo de Altech, Esteban Ruiz; el miembro de la Comisión de Justicia Digital de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Eduardo Estrada, y el profesor de Derecho y director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la UAI, Ricardo Lillo.
