El Informe Final N° 180-2026 de la Contraloría Regional del Biobío al Programa Inversión en la Comunidad destapó que 1.044 personas cobraban beneficios sin cumplir requisitos, mientras dirigentes sindicales imponían a 343 familiares en las vacantes de empleo. Con convenios rechazados por el ente de control, desvíos de cuotas a cuentas personales y desembolsos a beneficiarios que viajaban al extranjero con licencia médica, el organismo fiscalizador dio 15 días para ordenar sumarios e instruyó remitir la carpeta al Ministerio Público.
El examen de cuentas y la fiscalización a la ejecución de $84.751 millones de pesos asignados a la Región del Biobío, territorio que concentró más del 77% de los recursos nacionales del Programa Inversión en la Comunidad (Proempleo) durante 2024, concluyó en un duro cuestionamiento institucional para la Delegación Presidencial Regional. Tras auditar a un universo de 8.880 beneficiarios y revisar la gestión de las entidades privadas ejecutoras, la Contraloría Regional del Biobío aprobó el Informe Final N° 180-2026, firmado por el contralor regional Carlos Basáez Valdebenito, disponiendo la instrucción de procesos disciplinarios internos en un plazo de 15 días hábiles y ordenando la remisión de los antecedentes a la fiscalía ante eventuales delitos de significación penal.
Las redes de parentesco
El documento de 155 páginas expuso la inexistencia de procedimientos formales y trazables para regular el ingreso, selección y reemplazo de beneficiarios al programa. En la práctica, la auditoría constató que los cupos eran gestionados y asignados directamente por dirigentes de federaciones sindicales vinculadas a la iniciativa, pese a que las bases administrativas y los convenios vigentes no les otorgaban facultad decisoria alguna.
Al realizar cruces informáticos masivos entre las bases de datos de Proempleo, el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Dirección Regional del Trabajo, el ente de control al descubierto una extendida red de nepotismo: 343 beneficiarios del programa mantenían vínculos de parentesco directos con 138 dirigentes sindicales que también figuraban cobrando en la misma planilla estatal. A este patrón se sumaron otros 116 casos de parentesco entre beneficiarios y personal de las ONG privadas ejecutoras (tales como la ONG Almendral, Cordeco, Forjadores del Futuro, Fundación Uniem, Corporación Renace Lota, Trascender, Fe de Arauco y Baruc) además de relaciones familiares entre 7 integrantes de la propia Coordinación Regional de Proempleo y 9 beneficiarios.
1.044 beneficiarios fuera de norma y la alerta en establecimientos educacionales
A través de la contrastación de registros con Fonasa, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Sence, la Suseso y el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Contraloría determinó que 1.044 personas no cumplían las exigencias legales para acceder o permanecer en el programa. El desglose evidenció que 294 personas percibían simultáneamente rentas u honorarios de otras entidades, 17 registraban más de un empleador privado y 733 cobraban pensiones que superaban el ingreso mínimo mensual, contraviniendo las causales de incompatibilidad fijadas por el Decreto N° 1 de 2010 del Ministerio del Trabajo. Entre las irregularidades regularizadas durante la investigación figuró la detección de dos concejales activos —de las municipalidades de Penco y Curanilahue— que percibían dietas municipales mientras cobraban el subsidio estatal de desempleo, debiendo ser desvinculados del programa.
En el ámbito preventivo, el informe levantó una delicada alerta al constatar que 813 beneficiarios fueron destinados a cumplir funciones en escuelas y establecimientos educacionales sin acreditar certificado de idoneidad psicológica ni someterse a revisiones de antecedentes o inhabilidades para trabajar con menores de edad.
Descontrol en la rendición de fondos
En materia de fiscalización en terreno y cumplimiento de jornadas, el ente de control detectó que 9 beneficiarios del programa registraron salidas del país hacia el extranjero mientras hacían uso simultáneo de licencias médicas por enfermedad común (Tipo 1). Asimismo, las inspecciones presenciales revelaron 15 recintos cerrados durante la jornada laboral, impidiendo verificar la presencia de 75 trabajadores, 33 personas ausentes sin justificación y 1.692 beneficiarios (un 19% del total regional) gozando de esquemas de “flexibilidad horaria” otorgados por las ONG sin protocolo ni respaldo administrativo alguno.
Las deficiencias alcanzaron también el examen financiero. La Contraloría constató que la Delegación Presidencial administraba las rendiciones de cuentas en planillas Excel, omitiendo la carga obligatoria del detalle documental en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC). Durante la revisión muestral, los auditores detectaron la entrega indebida de $4.695.000 en bonos de movilización a 48 personas que se encontraban con licencia médica vigente (beneficio que exige desplazamiento efectivo al trabajo) y la transferencia de $4.407.750 por concepto de cuotas sindicales y ahorros a Cuentas RUT de personas naturales, sin comprobante de llegada a las organizaciones de trabajadores.
Convenios rechazados y sumario.
El informe dejó al descubierto un desajuste normativo de arrastre: 22 convenios ejecutados por entidades privadas durante 2024 fueron materializados a pesar de haber sido “representados” (rechazados) por la Contraloría durante el trámite de toma de razón, por omitir certificados de disponibilidad presupuestaria, vigencias jurídicas o inscripciones en el registro de la Ley N° 19.862.
Ante la gravedad de los hallazgos, el organismo fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a la Delegación Presidencial Regional del Biobío para ordenar la instrucción de un sumario administrativo que determine las responsabilidades de las jefaturas y funcionarios involucrados. Asimismo, la Contraloría confirmó que remitirá la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue la eventual comisión de delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos o infracciones a los deberes de la función pública.
