Hasta las oficinas de la Fiscalía Nacional llegó este miércoles el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para concretar la primera reunión de coordinación con el fiscal nacional, Ángel Valencia. El encuentro tuvo como eje central el análisis de las estadísticas de fenómenos criminales y la revisión de una ambiciosa agenda legislativa que contempla más de una veintena de iniciativas legales orientadas a fortalecer la eficacia del sistema de justicia criminal.
Arrau destacó la relevancia de la mirada técnica del organismo persecutor en el diseño de las leyes. El secretario de Estado subrayó que abordaron materias donde el Ministerio Público posee una perspectiva crítica, “porque son ellos quienes lideran el proceso de investigación y persecución penal”. La reunión permitió realizar un análisis detallado de delitos que han mostrado una tendencia al alza, con un especial énfasis en el crimen organizado y los secuestros.
Refuerzo institucional y agenda legislativa
Respecto del trabajo parlamentario, el titular de Seguridad adelantó que el Ejecutivo se encuentra trabajando en una cartera robusta de proyectos. “Son varios, más de 20 proyectos que esperamos poner la urgencia y presentar”, detalló el ministro. Estas iniciativas contemplan tanto modificaciones en los tipos de sanción penal como reformas institucionales que involucrarán directamente la gestión de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.
La estrategia del Gobierno apuesta por un enfoque de política de Estado que trascienda los ciclos políticos, centrándose en el ajuste de las herramientas legales ante la evolución del fenómeno delictivo. Al respecto, el ministro Arrau fue enfático en señalar que, si bien las estrategias deben variar ante la presencia de nuevas bandas transnacionales, “si alguien pretende en materia de seguridad, en estrategia, refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”.
Continuidad de programas técnicos
Un punto clave de la cita fue la evaluación de los planes operativos vigentes. La autoridad ministerial confirmó que, tras el análisis de las métricas de efectividad, se optará por mantener las políticas que han demostrado resultados concretos. “Los programas que han sido exitosos y han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas que se han hecho se van a mantener en el tiempo”, aseguró Arrau.
Entre estas políticas se cuentan el Plan Cuadrante y el programa MT-0 de la PDI, además de la continuidad de los equipos especializados en Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), dependientes del plan Calles Sin Violencia. Para el Ministerio de Seguridad, el foco debe permanecer en el resguardo de la integridad personal y la propiedad privada, adaptando programas de larga data a los “nuevos fenómenos delictuales” que no existían con la misma intensidad en décadas anteriores.
