Créditos Imagen : Mateluna Inocente/ Youtube
“Minuta ministro a Presidenta” se titula el documento adjuntado en un correo recibido por la entonces jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, la última semana de gobierno.
En esta se esgrimen los argumentos para oponerse a la decisión de la máxima autoridad gubernamental de aplicar la medida a Mateluna, a raíz de las eventuales irregularidades sobre falsos testimonios y falsificaciones por parte de Carabineros que cuestionaban el juicio en que fue condenado a 16 años de cárcel por el robo a un banco en Pudahuel.
En el texto que lleva la firma JCQ, que coincide con las iniciales del entonces ministro de Justicia Jaime Campos Quiroga, se indica que “en el desempeño de mi gestión ministerial nunca he otorgado ni sugerido un Indulto Presidencial justificado en la supuesta inocencia del condenado (…) no escaparán a S.E. las implicancias políticas, comunicacionales y fácticas que puede ocasionar el otorgamiento de un Indulto Presidencial en los términos y oportunidad del comentado”.
Andrés López Vergara, En Estrado.
El 8 de marzo de 2018, a tres días del fin del gobierno de Michelle Bachelet, la jefa de gabinete Ana Lya Uriarte recibió un correo cuestionando el indulto que la máxima autoridad gubernamental quería otorgar al exfrentista Jorge Mateluna.
“Estimada Ana Lya: En relación con tu correo y después de analizar el contenido del Proyecto de Decreto de Indulto del Sr. Jorge Mauricio Mateluna Rojas que me acompañas, te reitero mi categórica desaprobación a la dictación del mismo, por las mismas razones que ya esgrimí en la Minuta que te hice llegar a comienzos de semana y que, ahora, te vuelvo a adjuntar”, señalaba (ver parte II y parte I de la serie de artículos).
Ese documento, al que En Estrado accedió vía Transparencia, desarrollaba una línea argumentativa desde los puntos de vista político, legal y comunicacional para que el decreto no se firmara. Hecho que será recordado como una de las tres medidas frustradas en las que estuvo involucrado el ministro de Justicia, Jaime Campos: el cierre de Punta Peuco, la designación del exfiscal de Caval como notario y el indulto a Mateluna.
“A horas de la transmisión de mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?”, señaló Campos en un video que se distribuyó al interior de la masonería, donde confirmaba que se negó a llevar adelante el cierre de Punta Peuco.
Un criterio que también ocupó en el caso del exsubversivo. Esa minuta lleva la firma JCG, que coincide con las iniciales de Jaime Campos Quiroga. En los mensajes entregados vía Transparencia a En Estrado, Presidencia ocultó los nombres y datos personales de las personas que se comunicaron con la entonces jefa de gabinete de Bachelet.
La situación que enfrentaba Mateluna era seguida de cerca desde La Moneda. Varios expertos juristas y abogados, como el entonces decano de la U. de Chile Davor Harasic, apuntaban a las irregularidades en el proceso que terminó con su condena a 16 años por el robo a un banco en Pudahuel. Falsos testimonios de los Carabineros en el procedimiento y falsificaciones de documentos generaron que se creara un movimiento pidiendo su libertad.
Pero dentro del gobierno de Bachelet había oposición a la medida que había tomado la Presidenta.
“Reitero a S.E. que en el desempeño de mi gestión ministerial nunca he otorgado ni sugerido un Indulto Presidencial justificado en la supuesta inocencia del condenado, argumento que los solicitantes habitualmente invocan y que los convictos normalmente reclaman, puesto que, como uniformemente se ha entendido, si lo hubiese hecho, me habría entrometido en materias jurisdiccionales que son de exclusiva y excluyente competencia de los Tribunales de Justicia, emitido pronunciamiento sobre el contenido o fundamento de un fallo, raciocinio que carecería de fundamento constitucional, generaría un precedente funesto y que acarrearía impredecibles consecuencias”, señala la minuta a la accedió En Estrado.
Agrega el mensaje que “el solicitante no ha esgrimido ni acreditado una consideración humanitaria de la entidad de las que invariablemente he tenido presente para conceder indultos en los cuatro casos en que los he concedido, (enfermos terminales o con riesgo vital debidamente probados); de manera que, de acogerse esta solicitud, nos estaríamos apartando del criterio seguido a la fecha y abriríamos un flanco de discusión innecesario frente a las 79 solicitudes de indulto rechazadas durante el tercio final de su mandato presidencial”.
“Por último, no escaparán a S.E. las implicancias políticas, comunicacionales y fácticas que puede ocasionar el otorgamiento de un Indulto Presidencial en los términos y oportunidad del comentado, tanto desde el punto de vista de quienes lo han solicitado durante su gobierno y no les ha sido concedido, como desde el precedente que le generaríamos a las nuevas autoridades que asumirán el 11 de marzo próximo ante requerimientos futuros, al margen de las eventuales objeciones de legalidad que habilitan ser formuladas por la Contraloría General de la República en el trámite de Toma de Razón”, manifiesta el autor de la minuta.
Sin fundamento
Se plantea que el artículo 6 de la Ley 18.050 indica que el Presidente podrás “prescindir” de los requisitos y trámites establecidos en la norma, pero que eso sólo procede en casos “calificados y mediante decreto fundado”. Incluso, le advierte a Michele Bachelet que “la inmensa mayoría de los 30.000 convictos que hoy se encuentran privados de libertad, cumpliendo las condenas impuestas por sentencias firmes y ejecutoriadas, sostienen ser inocentes y haber sido sancionados injustamente”.
“En la especie, no advierto cual puede ser el fundamento del mismo, que no sea argumentar la vedada supuesta inocencia del solicitante, contraviniendo así lo determinado y resuelto por los Tribunales de Justicia por sentencia firme y ejecutoriada y obviando el ya referido Recurso de Revisión, a no ser que simplemente se arguya la potestad o voluntad presidencial, sin expresar razones de la naturaleza requeridas, con los efectos predichos”, manifiesta el autor de la minuta.
Finalmente, esa decisión de no firmar el decreto de indulto selló el futuro de Jorge Mateluna, debido a que a fines de 2018 la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión y mantuvo los 16 años de prisión.
