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No fueron palabras amables. A tres días del cambio de mando, el 8 de marzo de 2018, un e-mail enviado a Ana Lya Uriarte da cuenta de la problemática relación que tenían con el Ministerio de Justicia. Todo derivó en que el entonces ministro Jaime Campos se negara a firmar la resolución y sellara el futuro de Jorge Mateluna, quien actualmente cumple una condena de 16 años por el robo a un banco en Pudahuel. En Estrado accedió a esa comunicación reservada vía Transparencia.
“El precedente que le generaremos a las futuras autoridades en cuestiones de Indulto será funesto y grave, ya que, con el argumento dado por nuestra Presidenta, debiesen concedérsele Indulto a la mayoría de las condenados de Punta Peuco o a miles de convictos que permanecen recluidos en las diversas cárceles del país”, indica el mensaje.
Otro detalle que revela el mensaje es la confirmación que la decisión del nombramiento del exfiscal del Caso Caval y actual jefe antidrogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, como notario fue una orden: “Aún más, habida consideración todos los costos políticos y personales que he debido pagar en estos días por el nombramiento del Notario Toledo en San Fernando, contra mi opinión, comprenderán lo complejo y difícil que es para mí asumir evitables sacrificios y con mayor razón cuando creo que la fórmula planteada es legal y políticamente incorrecta”.
Andrés López Vergara, En Estrado.
El ministro de Justicia, Jaime Campos (PR), pasó de ser un aliado a una piedra en el zapato para la Presidenta Michelle Bachelet. Alguien que cuestionaba sus decisiones. No le importaba ser oposición dentro de su misma coalición. Las últimas dos semanas antes del 11 de marzo de 2018 fueron complejas, una relación tormentosa que terminó frustrando dos de las últimas decisiones tomadas por el gobierno: el indulto al exfrentista Jorge Mateluna y el nombramiento del exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando.
Sobre el primer punto Campos se refirió públicamente en un artículo publicado en El Mercurio: “Una semana antes del término del gobierno, por escrito me pronuncié en contra de la solicitud de indulto de Mateluna, argumentando que no se podía fundar en la supuesta inocencia del condenado, que ya había sido indultado, que contrariaba la política de indultos observada durante todo el gobierno”.
Respecto del nombramiento de Toledo, quien actualmente es jefe antidrogas de la Fiscalía Nacional, Campos señaló una vez terminada su gestión que recibió “instrucciones superiores” y no quiso confirmar quien le ordenó tomar esa decisión.
Ambos episodios fueron un cierre amargo para el gobierno. Una polémica que siguió resonando. Hoy esos ecos obtienen una voz escrita en un correo electrónico y una minuta que hace referencia a esa tormentosa relación. En Estrado accedió a estas comunicaciones vía Transparencia (lea la primera parte acá).
Los cuestionamientos
El nombre de Jorge Mateluna resonaba constantemente en el gobierno desde 2017. El exfrentista que había sido indultado en 2004. Sin embargo, fue detenido en 2013 tras el asalto a un banco en Pudahuel. Se inició una campaña de artistas, políticos y actores llamada “Mateluna Inocente”. En diciembre de 2017, la Clínica Jurídica y la Facultad de Derecho, liderada por el entonces decano Davor Harasic, se sumaron a la defensa de Mateluna apuntando a graves irregularidades en el proceso como presuntos falsos testimonios de tres carabineros, lo que derivó en una querella. Finalmente, a finales de 2018 la Corte Suprema cerró definitivamente la puerta a Mateluna: rechazó el recurso de revisión de su sentencia.
El movimiento a favor de la inocencia de Mateluna tomaba fuerza. Estaban pidiendo ser escuchados. Y Bachelet lo hizo. Así queda en evidencia en el correo electrónico enviado a Ana Lya Uriarte el 8 de marzo de 2018, tres días antes del cambio de mando. Su caso fue retratado en reportajes, una obra de teatro y documentales.
“Estimada Ana Lya: En relación con tu correo y después de analizar el contenido del Proyecto de Decreto de Indulto del Sr. Jorge Mauricio Mateluna Rojas que me acompañas, te reitero mi categórica desaprobación a la dictación del mismo, por las mismas razones que ya esgrimí en la Minuta que te hice llegar a comienzos de semana y que, ahora, te vuelvo a adjuntar”, señala el e-mail.
Esa minuta contiene una argumentación jurídica con las razones para no darle el indulto, documento firmado JCQ, iniciales que coinciden con el nombre de Jaime Campos Quiroga. En los mensajes entregados vía Transparencia a En Estrado, Presidencia ocultó los nombres y datos personales de las personas que se comunicaron con la entonces jefa de gabinete de Bachelet.
“Considero que dicho Proyecto de Decreto se aparta completamente de la política que en materia de indultos hemos observado durante el presente gobierno, dado que siempre los hemos circunscrito a motivaciones humanitarias, lo que en la especie no es el caso”, se indica.
Agrega el texto: “A su vez, si hipotéticamente la Contraloría alcanzase a tomar razón del mismo, el precedente que le generaremos a las futuras autoridades en cuestiones de Indulto será funesto y grave, ya que, con el argumento dado por nuestra Presidenta, debiesen concedérsele Indulto a la mayoría de las condenados de Punta Peuco o a miles de convictos que permanecen recluidos en las diversas cárceles del país”.
Pero el mensaje va más allá, cuestionando directamente el criterio de Michelle Bachelet, evidenciando que la relación entre ambos estaba quebrada. Esta partió con la llegada de Campos al gobierno en 2016, en reemplazo de Javiera Blanco. Asumía una cartera convulsionada por dos casos: las pensiones en Gendarmería y la muerte de Lissette en el Sename. A eso, se le sumaría en 2017 los frustrados anuncios del cierre de Punta Peuco y la promesa de la Presidenta a Carmen Gloria Quintana, víctima de violaciones a los derechos humanos en el “Caso Quemados”.
“Excúsame, pero la mera convicción de la Presidenta no basta para fundamentar dicho Decreto y con mayor razón si se tiene presente que durante el año y medio de mi gestión ministerial en 77 ocasiones los he rechazado, a pesar de basarse en consideraciones humanitarias y de reinserción social. Luego, la arbitrariedad y discriminación en la materia quedará en evidencia. Como les he señalado, estoy convencido que este Indulto Presidencial, por su contenido y oportunidad, provocará un debate público dañino para la Presidenta, absolutamente innecesario y que es menester evitar. A horas del término del actual gobierno no podemos incurrir en errores de esta magnitud y manchar una gestión limpia y exitosa”, señala el correo enviado a Uriarte.
El notario incómodo
Los notarios siempre ha sido un tema complejo para los distintos gobiernos, independiente del sector político. La reforma notarial se anunció en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero no se concretó. Con la llegada de Michelle Bachelet a la Presidencia, en sus últimos años de gestión, la idea era, una vez más realizar cambios al sistema notarial. Sin embargo, en 2017 trascendió el proyecto que creaba más de nuevas notarías. La revelación generó revuelo y volvió al debate la opacidad en los nombramientos de estos funcionarios auxiliares de justicia.
Campos también estuvo en la mira, dado que el voto de minoría del fallecido ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, durante la realización de un Pleno, cuestionaba las visitas del secretario de Estado a algunas cortes de Apelaciones antes de que se firmara el decreto que creó más de 100 nuevos notarios y conservadores en el país. “Tendría que ser un imbécil, un desfachatado para ir a presionar a una Corte de Apelaciones”, señaló Campos en medio de esta polémica.
Pasó el tiempo y los cambios seguían avanzando. Fue el 7 de marzo de 2018 que los medios dieron cuenta que Jaime Campos había designado al exfiscal del caso Caval y exjefe del Ministerio Público de Rancagua, Luis Toledo, como notario en San Fernando. Nuevamente la polémica resurgió a cuatro días del cambio de mando.
El día siguiente, 8 de marzo de 2018, Ana Lya Uriarte recibió el e-mail que planteaba que ese nombramiento “fue contra la opinión”, de la persona que escribía el correo, que se da a entender que sería Jaime Campos. Así, se confirmaba que la designación fue una orden desde las altas esferas del gobierno.
“De lo que conversamos el lunes pasado, entendí que tenías claro que yo no firmaría dicho Decreto (indulto a Jorge Mateluna) y, por ende, tú misma me planteaste que lo haría el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Por ello, me extraña que ahora requieras mi firma. Aún más, habida consideración todos los costos políticos y personales que he debido pagar en estos días por el nombramiento del Notario Toledo en San Fernando, contra mi opinión, comprenderán lo complejo y difícil que es para mí asumir evitables sacrificios y con mayor razón cuando creo que la fórmula planteada es legal y políticamente incorrecta”, señala.
Finalmente agrega que “con todo y entendiendo que la facultad de conceder Indultos es, en última instancia, una potestad presidencial, para considerar la firma de lo que me propones, necesito que la Presidenta me lo diga personalmente, después de haberle representado la improcedencia de lo sugerido, por lo que te pido que me agendes a la brevedad una reunión con ella. Afectuosamente”.
Los cuestionamientos a esa decisión se mantuvieron tras el cambio de mando. El nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, quiso frenar la designación y el 13 de marzo Toledo notificó que no asumiría su nuevo cargo.
“(Me vi involucrado) en una polémica de orden político, injusta, gratuita, desinformada e interesada, que atribuye un inexistente, espurio y despreciable ‘pago de servicios’, sin especificación alguna, que manchan mi honra funcionaria (…) (espero) despejar las mentiras y elucubraciones mañosas de quienes han pretendido instalar e involucrarme en una aparente corruptela”, señaló Toledo en su renuncia.
