Raúl Palma es el defensor regional de Atacama.
La cárcel es una contradicción institucional. Así se ha definido la poderosa incoherencia entre la legalidad y la realidad de la pena privativa de libertad por Luigi Ferrajoli, el filósofo del derecho vivo más importante de occidente y así lo ha enunciado en Santiago esta semana Iñaki Rivera, uno de los juristas más brillantes de la actualidad, durante la inauguración del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a víctimas de violencia institucional (SIRCAIVI), iniciativa colaborativa que organiza la Defensoria Penal Pública con el apoyo de EUROsociAL.
A partir de un profundo diagnóstico latinoamericano y frente a la pasmosa evidencia de altas tasas de hacinamiento y cruda violencia en nuestras cárceles se da inicio a este programa en Chile luego de Costa Rica y Argentina, cuya principal finalidad es brindar a las personas privadas de libertad víctimas de violencia institucional carcelaria, a través de defensores penales públicos, un acceso a la justicia, una atención y acompañamiento interdisciplinario y una prevención concreta de la tortura, tratos degradantes y violencias que sufren las personas al interior de la cárcel y así reforzar la misión inalienable de la Defensoria por el respeto de los DDHH de los grupos vulnerados de la sociedad.
De esta manera, se establece un sistema de respuesta integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria estructurado sobre la base de un protocolo de actuación que comprende acciones urgentes como la visita, la conducción de la persona a presencia judicial, el reconocimiento médico extra-penitenciario, eventuales traslados y alejamientos y por cierto el resguardo específico de la víctima con un seguimiento y monitoreo del caso.
El registro de la violencia del Estado en las cárceles, pero sobre todo el enfoque en la prevención integral de dicha violencia institucional y su abordaje debe ser un propósito mancomunado y por esta razón en la inauguración del SIRCAIVI se firmó un convenio para la creación de la “Mesa de diálogo y actuación intersectorial” (MEDAI), donde están presentes el Poder Judicial, la Fiscalía, SML, INDH, Gendarmería, conformándose el primer hito formal en el desarrollo de este sistema que implica un cambio cultural necesario del sistema de justicia penal y un fortalecimiento urgente de los DDHH en el ámbito penitenciario, porque como señala Iñaki Rivera “la cárcel es controlada por el Estado, pero la rige la ley del más fuerte”.
