Informes de investigación especial de la Contraloría de O’Higgins al descubierto: en Nancagua y Doñihue se desembolsaron fondos públicos por propiedades que jamás ingresaron al patrimonio municipal. Entre escrituras con actas falsas del Concejo, giros inmediatos de vales vista y rechazos de inscripción en los Conservadores, el ente de control entabló demandas de juicio de cuentas, ordenó sumarios administrativos y puso los antecedentes en manos de la justicia penal.
Un duro golpe a la gestión de los recursos públicos en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins asestó la Contraloría General de la República (CGR) al remitir al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes de dos auditorías que detectaron erogaciones por más de $100 millones en la adquisición de inmuebles que nunca llegaron a integrar el patrimonio municipal. La determinación, adoptada por la Contralora Regional Rocío Ortiz Pérez, se acompañó de la formulación de demandas de reparo en juicio de cuentas por un total de $109 millones con el objetivo de lograr la restitución íntegra de los fondos, junto con la instrucción de sumarios administrativos destinados a determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El foco principal de las irregularidades se concentra en la Municipalidad de Nancagua, donde la Contraloría aprobó el Informe Final N° 260-2026 tras una investigación especial originada por una denuncia que presentó el actual jefe comunal mediante el oficio N° 200 de marzo de 2026. En la presentación, la administración en ejercicio puso bajo sospecha las actuaciones desplegadas durante la gestión edilicia anterior respecto de la compra de un terreno. A esta acción administrativa se suma una querella criminal ya radicada ante el Juzgado de Garantía de Santa Cruz por eventuales delitos funcionarios.
El negocio con la inmobiliaria: Vale vista exprés y ausencia de tasación
La reconstrucción técnica realizada por los auditores de la CGR estableció que el 21 de marzo de 2023, la Municipalidad de Nancagua —representada por el entonces alcalde— celebró un contrato de compraventa con la Sociedad Comercial e Inmobiliaria Don Emilio Limitada para adquirir un terreno de 1.287 metros cuadrados en la comuna por un precio de $49.000.000. El negocio fue formalizado mediante escritura pública otorgada en la Segunda Notaría de San Fernando con el objeto teórico de transferir el bien al Comité de Vivienda “Nueva Vida II”, beneficiario del programa de habitabilidad rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Sin embargo, el examen documental reveló un patrón de desapego a las exigencias legales básicas. La operación se concretó sin una tasación comercial previa realizada por profesionales especializados o instituciones financieras que permitiera fundar el valor de mercado del inmueble, supeditando el monto fijado a un mero acuerdo directo entre el exalcalde y la empresa vendedora. Asimismo, la adquisición se gestionó al margen de un proceso de licitación o propuesta pública, omitiendo las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
El aspecto más crítico de la mecánica financiera radicó en la velocidad del desembolso. El mismo 21 de marzo de 2023 —día de la firma del contrato—, la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) dio cumplimiento a las instrucciones directas del exalcalde y de la entonces directora jurídica, emitiendo y entregando un vale vista del BancoEstado por los $49 millones, el cual fue cobrado de inmediato por la inmobiliaria. Toda esta maniobra se ejecutó sin que existiera previamente un decreto alcaldicio que autorizara la compra, ni un acto administrativo que aprobara el contrato o dispusiera el pago. Recién 71 días después —el 31 de mayo de 2023— se dictó el decreto de pago folio 233A con el único propósito de regularizar contablemente la salida del dinero de las arcas municipales.
La falsa acta del Concejo y el portazo del Conservador
Para dotar a la transacción de una apariencia de legalidad, la cláusula octava de la escritura pública invocó expresamente un supuesto acuerdo adoptado en la sesión del Concejo Municipal N° 22, de fecha 25 de mayo de 2017. No obstante, al cotejar los archivos oficiales del municipio, la Contraloría constató que dicha acta correspondía en realidad a una sesión realizada en julio de ese año. Lo único que figuraba en los registros de mayo de 2017 era una mera declaración de “voluntad de transferir” en caso de obtener subsidios, la que bajo ningún concepto suplía la autorización previa y formal exigida por el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para comprometer recursos patrimoniales.
La operación se derrumbó definitivamente al intentar perfeccionar el traspaso de dominio. Mediante certificados emitidos el 29 de mayo y el 25 de julio de 2023, el Conservador de Bienes Raíces de San Fernando rehusó inscribir el inmueble a nombre de la Municipalidad de Nancagua. El registrador fundamentó el rechazo en inconsistencias técnicas y jurídicas de consideración: el plano acompañado no reflejaba la situación final de la fusión de terrenos, se pretendía anexionar al radio urbano un retazo de carácter rural sin autorización de la autoridad competente ni respaldo en el plano regulador, y se afectaba directamente un proyecto de loteo previo.
La propia municipalidad admitió ante los fiscalizadores que la situación resulta inviable de subsanar en el corto o mediano plazo por las vías ordinarias, condicionando cualquier regularización a los procedimientos extraordinarios del Decreto Ley N° 2.695. El traspié no solo dejó al municipio sin el dinero ni la propiedad, sino que congeló el desarrollo del proyecto habitacional que aguardaban decenas de familias de la comuna. La auditoría dejó asentado además que todo el proceso se gestionó a espaldas de la Unidad de Control Interno del municipio, la que no tuvo intervención ni conocimiento de las etapas de la compra.
El caso espejo de Doñihue y la demanda por $109 millones
La revisión efectuada por la Contraloría Regional de O’Higgins demostró que el escenario detectado en Nancagua no constituyó un hecho aislado. En forma paralela, el Informe de Investigación Especial N° 63-2026 expuso una dinámica similar en la Municipalidad de Doñihue, entidad edilicia que desembolsó $60.000.000 de fondos públicos por la supuesta compra de un bien raíz que jamás ingresó a su patrimonio.
En el caso de Doñihue, el ente fiscalizador constató la ausencia total de procedimientos o manuales internos para la adquisición de bienes inmuebles, la omisión de tasaciones comerciales que justificaran el valor pagado, la prescindencia de licitación pública y la inexistencia de actos administrativos válidamente dictados que respaldaran la compraventa. Al igual que en Nancagua, la falta de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces dejó el gasto sin sustento patrimonial.
Frente al perjuicio conjunto, la Contraloría General dio inicio al proceso de cobro en sede jurisdiccional a través del juicio de cuentas para perseguir la restitución de los $109 millones. La remisión de las carpetas al Ministerio Público de O’Higgins y a la Procuraduría Fiscal del CDE en Rancagua abre la vía penal y civil para indagar eventuales delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible o malversación de caudales públicos en el manejo de las arcas municipales de ambas comunas.
