Equipo En Estrado.
En el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) realizada ayer, las instituciones latinoamericanas que integran esta instancia definieron que la Defensoría Penal Pública de Chile asuma la secretaría general de esta organización y que su par de Argentina quede a cargo de la coordinación.
La asamblea fue conducida por el director general del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes, que hasta ahora lleva la coordinación de la entidad, y uno de los puntos principales de la tabla para este encuentro era definir a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de AIDEF.
La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) es una asociación de Defensorías Públicas entre cuyos objetivos principales se encuentra el defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas y de las Asociaciones de Defensores Públicos de las Américas y el Caribe.
Modelo de asistencia jurídica para migrantes
El Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y la AIDEF trabajan desde hace meses en el desarrollo de un modelo regional de asistencia jurídica para personas en situación de movilidad (migrantes y refugiadas), como primer paso para la posterior creación de una red regional que permitirá a las distintas defensorías públicas de la región asistir jurídicamente a estas personas.
La particular situación de exclusión y vulnerabilidad que enfrentan estos colectivos hace necesaria una atención especial para mejorar la defensa y vigencia de sus derechos. Por ello, a fines de 2019 se puso en marcha este proyecto, que al interior de AIDEF ha sido promovido en conjunto por la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal Pública de Chile.
La iniciativa contempla dos fases: una primera de diagnóstico a nivel regional y otra de desarrollo del modelo regional y creación de la red. La etapa de diagnóstico se llevó a cabo durante el primer semestre de 2020 e implicó visitas de campo a varios países de la región, entre ellos Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica y México.
Ello, con el objetivo de identificar los servicios de defensa y asistencia jurídica existentes y examinar la manera en que se facilita la atención a los distintos tipos de usuarios. En esta acción se está prestando especial atención a la situación de las personas migrantes en zonas de frontera, con visitas de campo en la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela (Operación Acogida en Boa Vista y Paracaima) y en las fronteras norte y sur de México.
Al comentar esta iniciativa, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, explicó que la defensa pública chilena ha impulsado con fuerza el proyecto, a partir de la experiencia adquirida en la defensa especializada de estas personas.
“La normativa internacional de derechos humanos protege con particular detalle los derechos de los migrantes, lo que implica que los Estados adquieren obligaciones especiales al efecto. Eso tiene que ver con que la migración pone a la persona en una condición mayor de vulnerabilidad, porque muchas veces está asociada, además, a temas de pobreza o incluso de persecución política, en un contexto en que la persona no cuenta con ningún tipo de arraigo ni redes de apoyo. Así, lo que buscamos es que este modelo oriente la forma en que las defensas públicas de la región darán cumplimiento a estas obligaciones internacionales, que buscan mejorar el acceso a la justicia para este grupo de población”.
En tanto, el Defensor Público-General Federal de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil (DPU), Dr. Gabriel Faria Oliveira, subrayó que “el trabajo realizado por los expertos de EUROsociAL+ para la elaboración del ‘Diagnóstico regional y compilación de buenas prácticas de asistencia jurídica a personas en contexto de movilidad humana’, en estrecha cooperación con los defensores federales de la DPU integrantes del Grupo de Trabajo Migraciones, Apatridia y Refugio (GTMAR), puso de relieve la necesidad de creación de una red de acceso a la justicia a esta población en la región, considerando las distintas características institucionales de las defensorías integrantes de AIDEF. Esperamos que, con los resultados de este extenso trabajo, podamos avanzar compromisos nacionales con la población migrante, así como fomentar el desarrollo de estos diálogos por parte de las Defensorías en el ámbito de la AIDEF”.
