Raúl Palma Olivares es el defensor regional de Atacama.
Una vez más hemos efectuado una cuenta pública de cara a la comunidad, a nuestra región de Atacama, sobre el funcionamiento, la gestión y los principales hitos y desafíos de la Defensoría Penal Pública en 2021, en una sesión que tiene la relevancia justamente de rendir cuenta anual de forma pormenorizada y transparente a la población de manera que esta ejerza debidamente un control de las actividades y gastos desplegados por nuestra Institución además de informarse del desempeño de un servicio público que es fundamental para el Estado de Derecho y el acceso a la justicia.
Así, expusimos que, en 2021, defendimos 7.702 causas en la Región, del cual el 18,2 por ciento correspondieron a mujeres, el 4,1 por ciento a adolescentes, el 0,4 por ciento a personas de pueblos originarios y el 5,5 por ciento a personas extranjeras. También referimos que, en cuanto a los delitos ingresados, siguen encabezando la lista, los delitos contra la salud pública como un rezago de la persecución penal de los ilícitos vinculados con la Pandemia, los que representaron el 22,4 por ciento del total. Luego, siguen las lesiones con el 18,8 por ciento, los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con 13,9 por ciento y los delitos de ley de tránsito con un 10,9 por ciento.
Respecto del uso intensivo de la prisión preventiva que hemos observado y cuestionado en los últimos años, existió en 2021 una disminución regional con un 7,5 por ciento, es decir, un punto menos que el año 2020, lo cual es una buena noticia respecto del uso de esta medida cautelar que envuelve en su gran mayoría una anticipación de la pena. Sin embargo, el uso de la prisión preventiva es problemático además porque muchas veces su aplicación no se traduce en personas posteriormente condenadas. Más grave aún, si quienes fueron afectados en su derecho fundamental a la libertad, no son responsables o inocentes y así, durante el año 2021, 1.261 personas imputadas terminaron su causa manteniendo su estado de inocencia o no condenadas.
Dimos cuenta además de nuestras líneas de defensa especializada en migrantes, pueblos originarios, penitenciaria, perspectiva de género, disidencias sexuales, salud mental, adolescentes, entre otras, lo que nos permite dar un servicio de defensa con enfoque en los derechos humanos y diferenciado conforme a las particularidades de cada colectivo que está en situación de mayor vulnerabilidad social y discriminación.
Siempre ha sido uno de los ejes centrales de nuestra gestión institucional abrirnos transparentemente a la ciudadanía, relacionándonos con los demás actores sociales, agregando valor público regional y así durante 2021, hemos llevado a cabo reuniones, charlas, capacitaciones y suscritos convenios de cooperación con la Universidad de Atacama, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de la Mujer, Corporación de Asistencia Judicial, Prodemu, Conadi, Carabineros, Gendarmería, entre otros.
En 2021, por primera vez, surgieron dos oportunidades para lograr el histórico anhelo institucional: nuestra autonomía. Esperamos que se concrete. Una defensa penal pública fuerte y autónoma es fundamental para el equilibrio del sistema y para darle mayor resonancia a nuestra voz en el debate público, subrayando la igualdad de los intervinientes y robusteciendo el derecho a defensa de todas y todos.
