Una compleja decisión. Por Gonzalo Cisternas

Nov 21, 2022 | Opinión

Gonzalo Cisternas, Socio de Cisternas y Cia. Abogado de la Universidad Gabriela Mistral (2000) y LLM en Economía y Finanzas, Master of Laws de la misma Universidad. Diplomado en Competencias Directivas Genéricas y Coach Ontológico Empresarial.

Los aspirantes a Fiscal Nacional, en la audiencia ante la Corte Suprema, compartieron parte sustantiva y relevante de sus presentaciones. En el diagnóstico, todos estuvieron de acuerdo en que el Ministerio Público está al debe con las expectativas, con la persecución penal, con las víctimas, con la violencia de las macro zonas. Finalmente, con el objetivo para el cual fue creado.

Estuvieron de acuerdo, además, en las propuestas. Por ejemplo, en la necesidad de un proceso transformador, de definición de una política de persecución penal nacional, del trabajo coordinado, de políticas de género, de incorporación de innovación y tecnología, y de las urgencias que el crimen organizado y los delitos violentos imponen al ente persecutor.

En estricto orden de presentación, doña Marta Herrera propuso poner el foco en las víctimas, sus urgencias y dolor, en aumentar la oferta de medidas a su respecto, en la creación de una unidad especializada a nivel nacional, con especial objetivo en el crimen organizado y las macrozonas, en la protección e integridad de los funcionarios y, finalmente, en la modernización y en la incorporación de tecnología e innovación.

Angel Valencia propuso una unidad especializada antidrogas y crimen organizado. Planteó la necesidad de persecución penal de las amenazas y atentados contra autoridades y policías, y la recuperación de los espacios públicos. Para las víctimas de la Macrozona Sur, propuso mejorar la coordinación de Carabineros y las medidas de protección. Propone la incorporación de Indicadores de gestión y de la inteligencia artificial como herramienta de ayuda en la persecución penal. Fue el más crítico de la gestión y planteó una fiscalía que sirva al pueblo de Chile.

José Morales, postula la modernización de los sistemas informáticos del MInisterio Público, la creación de una base de datos propia, con datos de generación interna y derivados de la interconexión con terceros y, el análisis de dichos datos. Respecto del crimen organizado y delitos violentos, planteó perseguir el patrimonio y los mercados delictuales. Propuso medidas respecto de la violencia de género, acompañamiento y cautelares. Finalmente, planteó rendir cuentas a la ciudadania de su gestión y sus definiciones.

Carlos Palma, planteó el desafío de poner a la persecución penal en el eje del quehacer del Ministerio Publico, a través de pilares que declaró haber probado satisfactoriamente como fiscal regional, con buenos resultados. Dio cuenta de haber capacitado a mas de 13.000 personas en su región y del hecho de tener los mejores resultados e indicadores a nivel nacional, con el mayor porcentaje de persecución penal y menor porcentaje de archivos, todo ello durante los últimos 5 años.

Como parece evidente, las diferencias son mínimas. La Corte Suprema hizo un buen trabajo, elaboró una quina con cinco buenos postulantes (uno de ellos renunciado). La señora Herrera, con 21 años en el Ministerio Público y conocimiento profundo de la gestión, podría ser la primera mujer Fiscal Nacional, un hecho sin duda relevante; se le critica como continuadora del actual, suponiendo que debió ser su antagonista o haber renunciado a su cargo. El señor Valencia, académico, litigante de fuste, instructor de fiscales y con experiencia como fiscal adjunto, se le critica su transversalidad y algunos de sus clientes, olvidando que la defensa en materia penal supone muchas veces defender con rigor ético gente culpable de delitos o crimines y que ha sido su buen actuar el que lo hace transversal. El señor Morales ha sido fiscal por un par de décadas, le ha tocado enfrentar investigaciones de alta connotación y ha dirigido equipos y unidades; se le critica también su transversalidad y una supuesta cercanía con algún sector político por no haber avanzado en investigaciones, suponiendo que su independencia se lograba condenando aun en contra de la prueba. Finalmente, el señor Palma, también de vasta experiencia en el Ministerio Público y dirigiendo equipos y unidades, ha obtenido diversos logros de gestión en su Fiscalía Regional; se le critica por una investigación de una supuesta obstrucción, que no ha sido formalizada en su contra.

La tarea para el Presidente Gabriel Boric no es simple; se enfrenta a propuestas muy similares, a atributos diversos, pero todos relevantes. El Ministerio Publico está al debe; el crimen organizado, los delitos violentos y la profunda sensación de inseguridad plantean una necesidad de actuar urgente e impostergable; necesitamos un Fiscal Nacional que sea capaz de asumir las urgencias y de producir transformaciones internas, en la forma de investigar, en políticas de persecución, en tecnología e innovación y en la forma de coordinarse e integrarse en el sistema de justicia, en el sistema de prevención y con el gobierno; todo ello en un plan a muy corto plazo. El desafío requiere atributos que van mucho mas allá del conocimiento experto del proceso penal. ¿Con cuál de los candidatos se producirá una mayor transformación?

Parte relevante de los problemas actuales son sistemáticos – migraciones, cárceles, integración de información, etc.- y requieren definiciones también urgentes de iniciativa del gobierno, algunas de ellas meramente administrativas y otras de orden legal. Ningún Fiscal Nacional podrá avanzar en profundidad si dichas definiciones no son tomadas.

Finalmente, parece evidente que la transformación digital del Estado, la integración de datos y regular su uso responsable y conforme los DDHH se hace urgente. En Chile, el gobierno y el Congreso han postergado su inicio.

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