El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago determinó este miércoles modificar el calendario procesal en la causa seguida contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fijando la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) para el próximo 7 de octubre de 2026. La decisión se adoptó en el Centro de Justicia luego de que la defensa, ahora representada por la Defensoría Penal Pública tras un cambio en el equipo legal, solicitara un nuevo plazo para el estudio de los antecedentes.
La pretensión inicial de los defensores era postergar la audiencia ,originalmente agendada para agosto, hasta marzo de 2027. El argumento central para este requerimiento es la magnitud del expediente judicial acumulado en cuatro años de indagatorias, el cual cuenta con más de 124.000 hojas de evidencia física, además de una cantidad considerable de archivos y soportes digitales que, según la defensa, requieren un análisis exhaustivo para garantizar el debido proceso.
Oposición del Ministerio Público
Desde la Fiscalía de Alta Complejidad, la persecutora Constanza Encina manifestó su desacuerdo con la extensión solicitada por los abogados de Barriga, calificándola como “completamente excesiva”. La fiscalía argumentó que ha cumplido rigurosamente con la entrega de toda la evidencia y que este nuevo aplazamiento —el segundo en lo que va del proceso— entorpece la celeridad de la causa.
“Consideramos que las dilaciones indebidas afectan, por cierto, el debido proceso que debe garantizar a todos los ciudadanos la resolución de los conflictos de manera racional en un plazo prudente”, sostuvo Encina tras la audiencia. Pese a la postura del ente persecutor, el tribunal consideró razonable otorgar una ampliación acotada de dos meses para que la defensa tome conocimiento formal de los antecedentes.
Cargos y pretensiones punitivas
La exjefa comunal enfrenta cargos por delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, estos ilícitos habrían provocado un perjuicio millonario a las arcas municipales durante su gestión.
En cuanto a las posibles sanciones, el Ministerio Público ha solicitado penas que en su conjunto superan los 20 años de presidio. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su calidad de querellante, ha ido más allá en su libelo acusatorio, solicitando una pena de 37 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos. Con la nueva fecha fijada para octubre, el tribunal espera dar inicio definitivo a la revisión de pruebas y testigos antes de elevar la causa a juicio oral.
