El Ministerio Público formalizó el libelo contra el legislador independiente y otros siete involucrados por una defraudación que supera los 100 millones de pesos. El fiscal regional, Hernán Libedinsky, calificó el esquema de asesorías parlamentarias ficticias como una “caja pagadora”.
La Fiscalía Local de Coyhaique dio un paso decisivo en la indagatoria que pesa sobre el senador Miguel Ángel Calisto Águila (Ind.), al presentar este viernes una acusación por los delitos reiterados de fraude al fisco y fraude de subvenciones. El documento judicial, fruto de un trabajo conjunto con la PDI de Aysén, apunta a una red que habría operado entre los años 2018 y 2022, cuando el actual integrante de la bancada de Evópoli ejercía como diputado.
Según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, el perjuicio para el erario público asciende a $105.554.697. El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que la investigación permitió detectar “un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios”. El foco de la persecución penal está en los contratos suscritos con Carla Graf Toledo, quien ,según la tesis fiscal, “nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el señor Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.
La acusación detalla que los honorarios pagados por el Congreso Nacional a la supuesta asesora eran transferidos posteriormente al propio parlamentario y a otro imputado clave, Roland Cárcamo Catalán, para su provecho personal. Por ello, el persecutor fue tajante al resumir la operatoria: “En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”.
Dada la cuantía del fraude y la reiteración de los actos, el Ministerio Público solicitó penas de crimen para los principales involucrados, entre los que se encuentran el senador, Cárcamo y Graf. Para sustentar la pretensión punitiva ante un eventual juicio oral, la fiscalía ofreció una batería de antecedentes que incluye “numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan”.
Simultáneamente con la presentación de este libelo, el ente persecutor requirió el desafuero del senador ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique. Esta instancia es indispensable para que el tribunal de alzada resuelva si “existe mérito suficiente para declarar admisibles los capítulos de la acusación” y así permitir que el legislador sea juzgado penalmente. Actualmente, Miguel Ángel Calisto se mantiene bajo la medida cautelar de arraigo nacional, mientras su equipo de comunicaciones ha señalado que el parlamentario no emitirá declaraciones públicas frente a este nuevo hito procesal.
