El Juzgado de Garantía de Coyhaique desestimó la cautela de garantías presentada por la defensa del parlamentario, validando el cierre de la indagatoria por fraude al Fisco. Con esta resolución, el proceso queda radicado en la Corte de Apelaciones, que deberá resolver la pérdida de la inmunidad del legislador para avanzar hacia un eventual juicio oral.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó este martes la solicitud de cautela de garantías interpuesta por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto (Ind.), con la cual se pretendía forzar la reapertura de la investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco. El tribunal, presidido por el magistrado Mario Devaud Ojeda, desestimó los argumentos de la defensa, que acusaba una vulneración al debido proceso tras el cierre de la etapa investigativa por parte del Ministerio Público.
El nudo de la controversia judicial radicaba en la queja de los abogados de Calisto, quienes sostenían que la fiscalía había presentado la acusación criminal mientras aún existían diligencias pendientes y el plazo investigativo se encontraba vigente. Sin embargo, tanto el Fiscal Regional, Hernán Libedinsky, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), representado por el abogado procurador Paulo Gómez, argumentaron exitosamente que el cierre de la instrucción no afectó los derechos ni las garantías constitucionales del parlamentario.
El esquema de las “asesorías fantasmas”
La causa, que ya cuenta con una acusación formal, indaga un perjuicio al erario público que supera los 100 millones de pesos. Según la tesis del ente persecutor, los hechos se habrían gestado durante el periodo en que Calisto se desempeñaba como diputado (2018-2022), mediante un esquema de “asesorías parlamentarias ficticias”.
La fiscalía sostiene que el entonces diputado se habría concertado con otros siete imputados para obtener recursos estatales a través de contratos por servicios que, en la práctica, nunca se ejecutaron. Por la gravedad y reiteración de estos hechos, el Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de presidio para el legislador, situando la causa en un escenario de alta complejidad penal.
A la espera del desafuero
Tras el fracaso de la estrategia de la defensa para retrotraer el proceso, la tramitación legal sigue su curso bajo la mirada de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique. El tribunal de alzada es ahora la instancia clave, ya que debe pronunciarse sobre la petición de desafuero ingresada recientemente por la fiscalía.
De ser acogido el desafuero, Calisto perdería la protección que le otorga su cargo, permitiendo que la justicia lo someta a las mismas reglas procesales que al resto de los ocho coimputados, de cara a la audiencia de preparación de juicio oral. Por ahora, el parlamentario permanece a la espera de la resolución del tribunal de alzada, en una arista que ha marcado la agenda judicial de la Región de Aysén durante los últimos meses.
