En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Iquique resolvió aumentar el monto por daño moral en favor de María Nardy Ribera Méndez, quien fue imputada por tráfico de drogas tras el hallazgo de queratina adquirida en Bolivia. El tribunal de alzada destacó la gravedad de someter a una persona a una persecución penal carente de sustento técnico y jurídico.
La Corte de Apelaciones de Iquique puso término a la controversia civil derivada de una fallida investigación por narcotráfico, fijando en $35 millones el monto que el Fisco de Chile deberá pagar a María Nardy Ribera Méndez,. La mujer permaneció recluida bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante siete meses, luego de ser imputada como autora del delito de tráfico ilícito de drogas.
El error judicial se originó tras una prueba de campo realizada a tres potes de queratina que la demandante había adquirido en Bolivia,. En dicha instancia, los reactivos químicos arrojaron un falso positivo a la presencia de cocaína, lo que gatilló su detención inmediata y el posterior encarcelamiento en la Región de Tarapacá,.
El fundamento del daño moral
La sentencia de la Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la responsabilidad estatal previamente dictada por el Primer Juzgado de Letras de Iquique, pero optó por incrementar la cuantía de la indemnización,. Para los ministros, el tiempo de privación de libertad y el estigma de la imputación requerían una reparación económica mayor a la establecida en primera instancia.
Al respecto, el fallo de la Corte es taxativo al señalar que “corresponde aumentar la indemnización por daño moral atendiendo a la relevancia y consecuencia que para cualquier persona significa una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico, razón por la que se incrementará el daño moral en la suma que se dirá en lo resolutivo del fallo”.
Certeza técnica y responsabilidad estatal
La resolución judicial subraya la negligencia en la etapa inicial de la investigación, donde la falta de una contraprueba oportuna permitió que una ciudadana fuera privada de su libertad por un producto cosmético,. El tribunal desestimó además las alegaciones de prescripción que el Fisco intentó sostener durante el proceso de apelación.
En sus considerandos, los magistrados recalcaron que la afectación a la honra y la libertad personal no puede ser minimizada cuando el aparato estatal actúa sin la rigurosidad necesaria. Así, la sentencia ratificó que “esta Corte comparte los razonamientos sexto a octavo de la Sra. Juez relativos a la prescripción, razón por la cual se confirmará la sentencia en ese aspecto”. Con esta declaración, se elevó el monto total a pagar por el Fisco de Chile a los $35.000.000 definitivos por concepto de reparación.
