El 13º Juzgado Civil de Santiago acogió la solicitud de liquidación forzosa presentada por la corredora de bolsa tras meses de disputa judicial. La resolución ordena la incautación inmediata de bienes y documentos de la sociedad liderada por el empresario Pedro Pablo Larraín, en medio del colapso del holding tras la previa intervención de la CMF.
La magistrada María Silva Pacheco, titular del 13º Juzgado Civil de Santiago, dictó este jueves la sentencia que declara la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A.. El fallo responde a la acción judicial interpuesta el pasado 10 de enero por BCI Corredor de Bolsa, representado por el abogado Ignacio Ried, ante el impago de una acreencia que asciende a $5.724 millones.
Este desenlace judicial profundiza la crisis del Grupo Sartor, cuya Administradora General de Fondos (AGF) ya había sido sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en diciembre de 2024. En dicha instancia, el regulador revocó su permiso de operación tras detectar graves faltas a la probidad, conflictos de interés e irregularidades en el modelo de negocio que afectaron directamente a los aportantes, ordenando su liquidación.
Incautación de bienes y designación de liquidador
En su resolución, la jueza Silva designó a Eduardo Godoy Hales como liquidador titular y a Francisco Javier Gamé como suplente. Para asegurar la efectividad del proceso, el tribunal ordenó la “incautación de todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos bajo inventario”, autorizando incluso el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y descerrajamiento en caso de ser necesario.
Como ministro de fe para estas diligencias fue designado el secretario subrogante del tribunal, Álvaro Leiva Labbé.
La fallida estrategia de la defensa
Durante la tramitación de la causa, la defensa de Sartor —integrada por nueve abogados de los estudios Albagli Zaliasnik y Castañeda & Pino— intentó frenar la quiebra mediante un escrito de 52 páginas presentado en febrero. En dicho documento, la gestora calificó la solicitud de BCI como “improcedente, oportunista y abusiva”, rechazando el pago de la millonaria deuda.
La tesis de la defensa se centró en que el contrato de compraventa que originó la deuda ya se encontraba resuelto desde diciembre de 2024 por voluntad de la propia corredora. Según los abogados de Sartor, BCI realizó una liquidación unilateral y pretendía ejercer “una resolución y un cumplimiento forzado del contrato al mismo tiempo, cuestión que […] es derechamente ilegal y no admitido en nuestro ordenamiento jurídico”. Además, alegaron que las cuotas de los fondos involucrados nunca fueron restituidas a la empresa.
El mapa de los acreedores
Pese a los argumentos de la fallida, que incluso planteó la posibilidad de una reorganización judicial, el tribunal optó por la liquidación. Ahora, el proceso deberá resolver las obligaciones con sus principales acreedores, donde además de BCI Corredor de Bolsa ($5.694 millones), figuran Vector Capital con una deuda de $3.256 millones y el Fondo de Inversión Privado Sartor Deuda Privada, con un crédito de $2.616 millones.
