El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago acreditó la existencia de una asociación ilícita liderada por médicos extranjeros que operaron mediante centros de fachada. El perjuicio fiscal se estima en más de $30.000 millones, marcando un precedente judicial al sancionar no solo a los emisores, sino también a los captadores y compradores de documentos falsos.
El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó este martes un veredicto condenatorio unánime contra 17 personas acusadas de integrar una sofisticada red dedicada a la emisión masiva de licencias médicas ideológicamente falsas,. La resolución judicial pone fin a la etapa de juicio de la que ha sido calificada como la mayor defraudación en la historia del sistema de salud chileno, involucrando más de 80 mil documentos fraudulentos,.
Tras meses de audiencias, el tribunal sostuvo que se acreditó, más allá de toda duda razonable, la operación de una organización criminal que aprovechó brechas en el sistema de subsidios laborales,. La condena abarca a nueve médicos extranjeros, además de captadores, operadores y compradores, por los delitos de emisión de licencias falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos,.
El razonamiento del tribunal
Al explicar su decisión, los magistrados destacaron que los condenados no actuaron de forma aislada, sino bajo una estructura jerarquizada y con un dominio técnico del sistema público y privado de salud. En el veredicto, el tribunal subrayó que “cada una de estas etapas revela un conocimiento acabado del sistema de salud y de subsidios laborales, de modo que, durante dos años, la actividad se desarrolló al margen de la legalidad”.
La justicia validó la tesis de la fiscalía respecto a la creación de más de 50 centros médicos de fachada o “empresas de papel” que servían como plataforma para la venta de licencias a través de redes sociales,. Sobre este punto, el tribunal añadió que “el despliegue al unísono de dichas conductas (…) da cuenta de la existencia de organizaciones criminales en los términos propios de una asociación para delinquir”.
Impacto financiero y penas solicitadas
De acuerdo con el peritaje del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, el fraude provocó un perjuicio a Fonasa superior a los $30.000 millones. El juez detalló que, solo entre 2020 y 2022, se extendieron más de 60 mil licencias fraudulentas, de las cuales unas 50 mil fueron efectivamente pagadas por el Estado.
Tras conocerse el veredicto, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, manifestó su satisfacción señalando que “se acogieron todas las calificaciones jurídicas y la participación de todos los imputados”. El persecutor adelantó que el Ministerio Público solicita penas que superan los 20 años de presidio para los líderes de la banda, asegurando que se espera que sean de “cumplimiento efectivo”.
Por su parte, el abogado querellante Rodrigo Varela destacó que la sentencia también envía una señal a los usuarios del sistema que adquieren estos documentos: “La ley no distingue respecto al médico que vende licencias médicas como quien compra, por lo tanto hoy también se marca un precedente importante”.
El tribunal fijó la audiencia de lectura de sentencia definitiva para el próximo 31 de agosto de 2026, instancia en la que se conocerán los años de cárcel efectivos que deberá cumplir cada uno de los 17 condenados.
