El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la acción penal por exacciones ilegales presentada por su exasesor Julio Lillo, en el marco de la investigación por la denominada “cuota Flores”. El libelo se suma a la indagatoria vigente por fraude al fisco que ya derivó en el allanamiento de su oficina en el Congreso, reactivando las sospechas sobre un mecanismo de retornos de sueldos para fines personales.
El escenario judicial para la senadora Camila Flores (RN) se volvió a tensionar esta semana. El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a trámite una querella criminal interpuesta por su exasesor y relacionador público, Julio Lillo Catalán, quien acusa a la parlamentaria del delito de exacciones ilegales. La acción legal profundiza la crisis administrativa de la senadora, sumándose a la investigación que ya encabeza la Fiscalía Regional de Valparaíso por presunto fraude al fisco.
El caso, que internamente se conoce como “la cuota Flores”, apunta a una supuesta práctica sistemática donde la senadora habría exigido a su personal de apoyo el reembolso de una fracción de sus remuneraciones, pagadas con fondos públicos, para solventar deudas y gastos de carácter estrictamente privado.
El mecanismo del “efectivo en la cartera”
La declaración de Lillo ante el Ministerio Público, que sirve de sustento a la querella, describe una dinámica de cobros que habría comenzado en 2019. Según el relato del excolaborador, la entonces diputada le manifestó que enfrentaba complicaciones financieras y que necesitaba que él le devolviera parte de su sueldo de manera temporal. Sin embargo, la situación se habría vuelto permanente, destinando supuestamente esos dineros al pago del CAE (Crédito con Aval del Estado) de la parlamentaria y a la compra de un vehículo.
Uno de los puntos más gráficos del testimonio apunta a la forma en que se concretaban los pagos. Lillo asegura que en diversas oportunidades debió girar dinero por caja para entregárselo directamente a Flores. “Ese dinero ella lo toma y lo guarda en su cartera”, afirmó el querellante ante los fiscales, detallando que las entregas se realizaban en la privacidad de la oficina parlamentaria.
Una indagatoria que escala
La admisibilidad de esta querella llega en un momento donde el Ministerio Público ya ha desplegado medidas intrusivas de relevancia. En mayo pasado, personal del OS9 de Carabineros allanó la oficina de la senadora en el edificio del Senado, procedimiento en el cual se incautaron dos computadores y diversos archivos documentales. Estas diligencias fueron gatilladas precisamente tras las primeras declaraciones de Lillo en calidad de testigo, lo que permitió a la fiscalía configurar la tesis de una posible maquinación para defraudar al fisco.
Desde el punto de vista del procedimiento judicial, el tribunal de garantía derivó los antecedentes al ente persecutor mediante oficio. En el foro jurídico se anticipa que esta nueva causa por exacciones ilegales sea agrupada con la investigación principal, unificando las pesquisas sobre el manejo de las asignaciones parlamentarias de la oficina de Flores.
Hasta el cierre de esta edición, el equipo de defensa y el entorno de la senadora evitaron emitir comentarios sobre el ingreso de esta nueva acción legal, manteniendo la reserva frente a una causa que ya ha incluido solicitudes de la fiscalía para alzar el secreto bancario de la parlamentaria. El avance del caso ahora depende del análisis de los equipos electrónicos incautados y del cruce de datos financieros que permitan acreditar, o descartar, el flujo de dinero desde los sueldos de los asesores hacia las cuentas o gastos personales de la congresista.
