El Ministerio Público remitió al fiscal regional Francisco Jacir la presentación formulada por tres parlamentarios a raíz de los dichos del embajador Brandon Judd sobre el estallido social. La indagatoria busca determinar si funcionarios chilenos infringieron la Ley de Inteligencia al proporcionar antecedentes reservados a diplomáticos extranjeros, en una controversia que llevó a Cancillería a citar al representante diplomático y que este terminó matizando al admitir que solo usaron fuentes abiertas.
La Fiscalía Nacional resolvió derivar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC), tras los polémicos dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el origen de los antecedentes relativos al estallido social de 2019. Según un oficio fechado el 22 de septiembre y firmado por la fiscal nacional subrogante Carmen Gloria Wittwer ,revelado por radio Biobío, el ente persecutor remitió la totalidad de los antecedentes al fiscal regional Francisco Jacir para que defina si corresponde abrir una investigación penal por delitos contemplados en la Ley N° 19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado.
Los artículos de la Ley de Inteligencia en la mira
El libelo presentado por los parlamentarios se sustenta en eventuales infracciones a los artículos 38 y 44 de la norma que rige a los organismos de inteligencia del país. El primero de ellos consagra el carácter secreto de las informaciones y datos que obran en poder del sistema estatal, mientras que el segundo establece sanciones penales para aquellos funcionarios públicos que, teniendo acceso a dichos antecedentes por razón de su cargo, los divulguen o permitan el acceso a terceros sin la debida autorización. La acción legal postula que, si las declaraciones iniciales del diplomático estadounidense fueran efectivas, personal del propio sistema chileno podría haber entregado indebidamente información secreta a funcionarios de un Estado extranjero.
El origen de las declaraciones y la cita en Cancillería
Las alertas institucionales se encendieron a principios de septiembre a raíz de una entrevista concedida por Brandon Judd a CNN Chile, en la cual aseguró que la inteligencia de su país contaba con análisis que vinculaban a organizaciones de izquierda con los disturbios iniciados el 18 de octubre de 2019. En dicha oportunidad, el diplomático aludió expresamente a información recopilada por fuerzas policiales y agencias de inteligencia chilenas y estadounidenses. El impacto de sus afirmaciones motivó que el canciller Francisco Pérez citara formalmente al embajador a las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores para requerir los antecedentes específicos que decía poseer.
El viraje del diplomático y la tesis de las fuentes abiertas
Tras sostener la reunión en Cancillería, la postura del representante estadounidense dio un giro sustancial. El diplomático aclaró públicamente que la Embajada de Estados Unidos no cuenta con investigaciones ni documentos propios sobre los acontecimientos de 2019, descartando además el envío de investigadores a territorio nacional. Asimismo, sostuvo que las conclusiones de su país se basaron exclusivamente en la revisión de fuentes abiertas de información, citando análisis provenientes del Congreso, académicos y la policía chilena.
El contexto judicial y el antecedente parlamentario
Las declaraciones iniciales de Judd también encontraron distancia en el Ministerio Público. El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo en su momento que no disponía de los antecedentes señalados por el embajador y declinó validar la tesis de una orquestación por parte de grupos de izquierda, aunque precisó que causas cerradas podrían reabrirse ante la eventual aparición de nuevos elementos. Por otra parte, la controversia se da a semanas de que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyera sus labores sin lograr determinar la existencia de instigadores o financiamiento detrás de la violencia del 18-O. Con la derivación decretada por la Fiscalía Nacional, le corresponderá ahora a la Fiscalía Centro Norte resolver si existen méritos jurídicos para abrir un expediente penal e indagar una eventual fuga de información secreta del Estado.
