El Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de arraigo nacional para los profesionales imputados y fijó un plazo de seis meses para que la Fiscalía concluya las diligencias. La indagatoria penal busca esclarecer un presunto diagnóstico tardío de salmonela en La Serena y las posteriores lesiones provocadas durante la instalación de un catéter venoso central en el Hospital Regional de Copiapó.
Tras más de cinco años de diligencias e instrucción penal, el Ministerio Público concretó la audiencia de formalización de la investigación en contra de un grupo de médicos imputados por su presunta responsabilidad en el deceso del menor D.M.. La audiencia representó un hito clave en la causa judicial orientada a determinar las circunstancias y los eventuales cuasidelitos cometidos durante la atención asistencial brindada al niño en recintos de las regiones de Coquimbo y Atacama.
Durante la jornada, la fiscalía comunicó formalmente a los profesionales los hechos e hipótesis delictivas que motivaron la investigación. Al momento de discutir las medidas cautelares, el tribunal acogió la pretensión del ente persecutor y decretó el arraigo nacional para los médicos imputados, fijando un plazo de investigación de seis meses para la ejecución de peritajes complementarios. Por su parte, la representación de las defensas rebatió la necesidad cautelar decretada y solicitó fijar para el próximo mes de noviembre una audiencia especial para debatir el sobreseimiento definitivo de sus representados.
Asimismo, en el desarrollo de la audiencia se informó respecto de la situación procesal de una médica investigada en el mismo expediente, quien no habría sido ubicada para comparecer ante los tribunales, manteniéndose respecto de ella una orden de detención pendiente que deberá ser ratificada oficialmente en las próximas jornadas.
De acuerdo con la reconstrucción fáctica contenida en las pesquisas y expuesta por la parte querellante, los hechos se remontan a una primera atención de urgencia efectuada en La Serena. En dicho establecimiento, el niño D.M. sufrió una severa descompensación vinculada a un cuadro de salmonela, patología que, de acuerdo con la tesis de la querella, no habría sido diagnosticada de manera oportuna por los tratantes, otorgándosele posteriormente el alta médica.
Al no presentar una evolución favorable, el estado de salud del menor se agravó rápidamente, forzando su derivación e ingreso al Hospital Regional de Copiapó. Fue en este segundo recinto asistencial donde se desencadenó el hecho crítico indagado por el Ministerio Público: durante el procedimiento de instalación de un catéter venoso central, se habrían producido complicaciones técnicas y lesiones corporales que incidieron de forma determinante en el acelerado deterioro de la condición del paciente.
Con el plazo de investigación de seis meses formalmente abierto, la fiscalía deberá consolidar las pruebas científicas y periciales necesarias para resolver si formula acusación penal y traslada la causa a juicio oral.
Concluida la audiencia de formalización, el padre de D.M. valoró el avance del expediente judicial a pesar de la extensión de los plazos procesales. “Como familia, estamos conformes con los avances que hemos tenido, a pesar del tiempo que ha pasado y de que estamos buscando justicia para aclarar el tema de que, por un error cometido, se produjo la muerte de mi hijo”, expresó el progenitor, añadiendo que “esperamos que esto también sirva para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que hemos tenido que pasar nosotros durante todo este tiempo”.
