Transferencias de vehículos y verificación de huella: Corte de San Miguel también ordena a notarios no usar sistema de tramitación online

Sep 3, 2020 | Actualidad

Créditos Imagen : Pexels.com/Andrea Piacquadio

Andrés López Vergara, En Estrado.

Los plenos de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel ordenaron a los notarios de sus respectivas circunscripciones a abstenerse de utilizar sistemas computacionales para validar trámites.

El pleno de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción de la zona Sur cuestionó transferencias de vehículos que se realizaron con firma electrónica, detector de huella digital y fotografía del vendedor y comprador, sistema implementado por una empresa dedicada al análisis de información sobre vehículos.

La decisión se adoptó por las denuncias que realizó la Asociación Nacional de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile en contra de la titular de una notaría de Santiago y dos de San Miguel.

El ente gremial expuso ante los ministros de los tribunales de alzada que los tres ministros de fe habrían vulnerado el Código Orgánico de Tribunales al validar documentos privados, utilizando tecnología para verificar las identidades de los intervinientes.

“Instrúyase a todos los notarios de la jurisdicción a que se abstengan de utilizar cualquier sistema computacional implementado en sus oficios para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza, debiendo atenerse únicamente a las normas que al efecto establece el Código Orgánico de Tribunales”, se ordena en el fallo que afectó a la notaria de Santiago.

San Miguel

En el caso de los dos notarios de San Miguel, el pleno de la Corte de Apelaciones de esa comuna cuestionó transferencias de vehículos que se realizaron con firma electrónica, detector de huella digital y fotografía del vendedor y comprador, sistema implementado por una empresa dedicada al análisis de información sobre vehículos.

“Que, en el caso planteado a esta Corte la entidad que verifica la identidad de la firma y la valida mediante biometría es un tercero ajeno a las funciones propias de los Ministros de Fe, las que no pueden ser delegadas, ya que son propias y privativas de ellos. Que, es de la esencia de la función notarial dar fe de los actos y actuaciones que se realicen ante ellos y cumpliendo las normas que regulan su función deben comprobar los otorgantes de las escrituras estén en pleno uso de facultades mentales. Si sospechan que alguna de las partes no está en pleno uso de razón, no pueden autorizan la escritura y, en consecuencia, no pueden dar fe de que se ha celebrado un contrato en su presencia puesto que falta un requisito esencial, el consentimiento”, se lee en el fallo.

“Por estas consideraciones y citas legales, se acordó instruir a los señores notarios de la jurisdicción de esta Corte de Apelaciones que, atendido que en sus actuaciones no pueden delegar sus funciones de Ministro de Fe, para proceder a la certificación de firmas electrónicas de contratos que importen la trasferencia de vehículos motorizados, deberán ajustarse celosamente a las disposiciones legales, a lo reglado por la Excma. Corte Suprema en su Auto Acordado de 13 de octubre de 2006 y a las directrices antes señaladas”, resuelven.

Sin embargo, en esta resolución, ocho de sus magistrados estuvieron por rechazar la denuncia de la Asociación de Notarios, invocando que la verificación de identidad es una facultad privativa de los ministros de fe “estimaron que no corresponde a esta Corte emitir el pronunciamiento solicitado por la asociación requirente toda vez que los previnientes consideran que compete a cada notario determinar la forma en que verificarán la autenticidad de las firmas que autorizan, sin perjuicio de su plena responsabilidad por tales actos”.

El gobierno, en septiembre del año 2018 ingresó un proyecto de ley para modernizar los trámites notariales, tras un informe de la Fiscalía Nacional Económica, de junio de ese año, que propuso una modificación estructural al mercado de los notarios. El proyecto se encuentra desde enero en el senado, sin avances, a pesar de las dieciséis “trámite de urgencia” que ha solicitado el Ejecutivo.

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