El reporte reservado de la Unidad de Análisis Financiero, de Hacienda, enviado al Ministerio Público revela millonarios rescates de fondos previsionales voluntarios que activaron las alertas por el presunto origen ilícito del dinero. El exdiputado, que será imputado el próximo 22 de septiembre en el marco de la “trama bielorrusa”, asegura que los montos corresponden a ahorros legítimos previos a su actividad profesional privada.
La investigación judicial por la denominada “trama bielorrusa” sumó antecedentes financieros críticos que complican la posición del exdiputado Gabriel Silber. En la antesala de su formalización de cargos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) remitió a la Fiscalía de Los Lagos un informe de inteligencia que identifica diversos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados al abogado, en el marco del análisis patrimonial que busca determinar el origen de sus ingresos.
El documento reservado, enviado el pasado 13 de julio por el director (s) de la UAF, Pablo Baeza, contiene reportes de instituciones como Zurich Chile Seguros de Vida y Consorcio. Entre los hallazgos más relevantes destaca un rescate parcial solicitado por Silber el 20 de abril de este año por un monto de $30.004.045 desde una póliza de Ahorro Previsional Voluntario (APV), el cual fue depositado en su cuenta corriente días después.
Las dudas sobre el origen de los fondos
La indagatoria patrimonial de la Fiscalía sobre Silber y su círculo cercano ha puesto la lupa en movimientos financieros que el sistema de monitoreo interno calificó como anómalos. Según los informes de la UAF, se detectaron otros rescates anticipados de fondos previsionales durante 2025 y comienzos de 2026, realizados a pesar de las condiciones tributarias desfavorables que implican estas operaciones.
Un reporte de Principal Administradora General de Fondos consignó que, si bien el abogado abrió cuentas de APV en 2021, “no fue posible obtener información del tiempo y la forma en que se constituyó dicho ahorro”. Dado que el sistema Gesintel identifica a Silber como una persona de interés, la inteligencia financiera advirtió que “se presume que los dineros aportados pueden provenir de fuentes ilícitas vinculadas con fraude al Fisco”.
Ante estos antecedentes, Gabriel Silber ha defendido la licitud de su patrimonio, señalando que su sustento diario proviene de ahorros previos a su ejercicio privado. “La absoluta claridad y trazabilidad de estos fondos de APV constituyen la evidencia más clara de mi transparencia”, afirmó el exdiputado, descartando cualquier sospecha sobre ingresos injustificados.
El escenario de la formalización en septiembre
El avance del análisis financiero de la UAF ocurre en momentos en que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ya fijó fecha para la formalización de la investigación. El próximo 22 de septiembre a las 09:00 horas, Silber enfrentará cargos por presunto soborno y lavado de activos.
En esa misma instancia, el Ministerio Público reformalizará a otros protagonistas de la causa, como la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Estos últimos, socios de Silber en la oficina que representó al consorcio bielorruso Belaz Movitec en su pugna contra Codelco, se encuentran actualmente en prisión preventiva por delitos de tráfico de influencias y cohecho.
La estrategia de la “cooperación eficaz”
Un factor que marcará el futuro procesal de Silber es el acuerdo de cooperación eficaz que busca sellar con la Fiscalía Regional de Los Lagos. Durante la etapa de investigación, el exparlamentario entregó voluntariamente su teléfono celular y prestó declaración aportando antecedentes que inculparon a sus excompañeros de estudio jurídico.
Esta colaboración podría permitirle acceder a medidas cautelares de menor intensidad, aunque la decisión final del Ministerio Público dependerá de si sus testimonios permitieron esclarecer hechos delictuales que eran desconocidos para los persecutores. No obstante, la defensa de sus antiguos socios ha contraatacado, acusando que Silber tuvo una mayor injerencia en la tramitación de la causa del consorcio bielorruso, llegando a percibir honorarios por $85 millones frente a los $20 millones obtenidos por otros involucrados.
