Andrés López Vergara, En Estrado.
Ventilación adecuada, aforo mínimo y provisión de elementos de protección personal tales como máscarillas, alcohol gel, protectores faciales y micas de separación, entre otros, son parte de las exigencias de salubridad, aconsejadas por el MINSAL y los protocolos internos, que deberán cumplirse para la reapertura paulatina de las actividades laborales presenciales de las corporaciones de asistencia judicial (CAJs), la que está estimada para el próximo 15 de octubre.
Así lo precisó la presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), Claudia Fachinetti -que representa a más de 2 mil trabajadores que atienden al año cerca de 600 mil personas de escasos recursos sin acceso a la justicia- al informar a sus bases que, previo a cualquier retorno, deberá haber un catastro por cada CAJs que indique cuáles son las Unidades Operativas que cumplirían con ese estándar.
“Esperamos que esta información sea enviada por éstas dentro de inicios de la próxima semana, y se las haremos llegar a las instancias correspondientes a fin de que corroboren en terreno de que efectivamente se cumple con dichos requisitos”, enfatizó Fachinetti.
La decisión, adoptada tras la última reunión sostenida el sábado último en la Mesa Nacional Covid 19, suspendió de esta forma el retorno a labores presenciales con turno este 5 de octubre de 2020. Inicialmente, la Mesa Nacional de conjunto había planteado como hito para el regreso a labores presenciales el término del actual estado de excepción constitucional. En ese entendido se requirió mantener el trabajo a distancia hasta el día 15 de octubre de 2020.
La dirigente reiteró que “el acuerdo señala expresamente que la aprobación de los planes de trabajo por parte de los Comités de Crisis es condición sine qua non para la reapertura, debiendo tenerse presente que en esta instancia tienen presencia la casi totalidad de las asociaciones de funcionarios y que el reinicio de labores solo contemplará a trabajadores y trabajadoras, que no se encuentren en grupo de riesgo, ni excluidos conforme a encuesta ya aplicada para ello por cada CAJ”.
