Tras el término de la rendición de pruebas, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena realizó este lunes los alegatos de clausura en la causa por el fraude de $762 millones en el Departamento de Salud. Nicole Cadena, Cristian Muñoz y Bélgica Guerra enfrentan solicitudes de pena que superan los 10 años de presidio por delitos de corrupción y lavado de activos.
El juicio oral por uno de los escándalos de corrupción pública más significativos de la Región de Coquimbo entró este lunes en su etapa de definiciones,. En el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, los intervinientes presentaron sus alegatos de clausura tras más de tres semanas de audiencias, donde se analizó el desvío de fondos desde la Corporación Municipal Gabriel González Videla (GGV) hacia cuentas particulares entre los años 2019 y 2024
La causa, que se aceleró tras un informe de la Contraloría en 2024, apunta a una estructura organizada que operó principalmente en el área de salud, mediante la cual se habrían sustraído cerca de $760 millones de pesos,. Según la acusación del Ministerio Público, el mecanismo consistía en la utilización de boletas ideológicamente falsas y pagos por servicios que nunca se ejecutaron, dinero que luego era triangulado hacia los líderes de la operación.
Penas de dos dígitos y calificación jurídica
Debido a la reiteración de los ilícitos y la gravedad del perjuicio fiscal, el ente persecutor y los querellantes solicitaron penas que superan los diez años de privación de libertad para los tres principales acusados: Nicole Cadena (exsecretaria del Departamento de Salud), Bélgica Guerra (excoordinadora del área) y Cristian Muñoz (esposo de Cadena)
El abogado querellante de la Municipalidad de La Serena, Adrián Vega, explicó que la cuantía de la pena se fundamenta en la sumatoria de delitos, que incluyen fraude al fisco y lavado de activos,. “Entendemos que se han presentado pruebas suficientes para acreditar el papel que tuvo cada uno de ellos en la defraudación, lo que los convierte en autores del delito”, sostuvo el jurista, precisando que las dos mujeres involucradas tenían la calidad de funcionarias públicas al momento de los hechos.
Debate sobre la naturaleza de los fondos
Uno de los nudos jurídicos del juicio ha sido la calificación de los recursos. Mientras las defensas han buscado matizar la responsabilidad, la parte querellante ha sido enfática en que se trata de un fraude al fisco puro y duro,. Al respecto, Vega argumentó que, si bien la corporación es una entidad de derecho privado, administra fondos estatales destinados a salud y programas sociales: “no pueden ser considerados de índole privada, más allá de que sean administrados por una corporación que (…) tiene una regulación de orden público”.
Durante el proceso, la fiscalía exhibió una contundente prueba documental compuesta por cerca de mil documentos, además de peritajes tributarios e informes de la PDI que permitieron trazar el destino de los fondos,. Según la tesis acusatoria, existía un esquema piramidal con líderes, mandos medios y personas en niveles inferiores encargadas de recibir y retransmitir los dineros hacia las jerarquías de la asociación.
Con el cierre de los alegatos este lunes, el tribunal se encamina a dictar el veredicto definitivo. Cabe recordar que el caso ya registra 9 personas condenadas previamente mediante procedimientos abreviados por delitos de fraude al fisco, estafa y obtención fraudulenta de recursos del Estado.
