El titular de Hipotecas y Gravámenes formalizó una denuncia penal representada por el abogado Pedro Orthusteguy luego de recibir cinco misivas anónimas en su domicilio particular. El escrito apunta a presiones ilegítimas e intimidaciones atribuidas a funcionarios del propio oficio de Morandé 440 en medio del proceso de reestructuración fijado por la reforma al sistema registral.
Un complejo escenario administrativo e institucional se instaló en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) tras la entrada en vigencia de la reforma a las notarías y conservadores. Desde el pasado 2 de octubre de 2026, el conservador titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes, Carlos Miranda, asumió la suplencia de los otros dos oficios del edificio de Morandé 440: el Registro de Propiedad, Comercio y Aguas, y el de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. La reestructuración derivó en el cese de funciones del histórico conservador Luis Maldonado, quien debió dejar el cargo tras haber permanecido casi 30 años al mando de la repartición.
En este contexto de transición, Miranda presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público para acusar una serie de hechos de amedrentamiento y presiones indebidas. En la presentación judicial, el profesional expuso que la sustitución de los registros ha estado marcada por un ambiente laboral adverso, el cual se arrastraría desde la difícil convivencia que mantenía con Maldonado, situación que “significó una tensa relación entre los funcionarios que prestaban servicios con él y, posteriormente, los registros a su cargo y los funcionarios”.
De acuerdo con el libelo, esa tirantez interna derivó en la difusión de aseveraciones falsas “que tenían por objeto cuestionar mi imagen profesional y personal, lo que sólo lo expreso para poder comprender la dinámica que ha derivado en este grave caso de amenaza y cuestionamiento a las personas que prestan servicios en el registro a mi cargo”. La denuncia sostiene además que, en las semanas previas a concretar el relevo administrativo, “se inició una nueva campaña de rumores” sobre supuestas nóminas de despidos masivos que ejecutaría la nueva jefatura, maniobras que a juicio de Miranda “tenían el propósito de generar inquietud entre los trabajadores y dificultar la toma de decisiones en algunas materias importantes”.
La hipótesis de fuego interno
El episodio más crítico denunciado por el conservador se registró el pasado 21 de octubre, fecha en que recepcionó en su domicilio particular cinco cartas anónimas redactadas en términos similares y bajo un mismo remitente cuya identidad no ha podido ser corroborada. Sin embargo, por el nivel de detalle y contenido de los escritos, el libelo acota que “resulta innegable, por el tenor de los mismos, que dichos anónimos fueron elaborados y enviados por personas que trabajan en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago”.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el envío de las misivas coincidió temporalmente con el periodo en que la jefatura debía adoptar determinaciones clave para el funcionamiento de los registros. Por ello, el escrito requiere que la justicia esclarezca “si esos anónimos tienen la clara e inequívoca intención de ejercer una presión ilegítima con el objeto de intimidarme y me abstenga de adoptar ciertas medidas que puedan afectar los intereses del o los autores de estos anónimos”.
Junto con calificar las imputaciones contenidas en las cartas como absolutamente falsas, Miranda enfatizó ante el ente persecutor la gravedad del amedrentamiento. “No se trata, por tanto, únicamente de comunicaciones que puedan generar inquietud en el ámbito laboral, sino que persiguen un propósito mayor que, por su tenor, resulta necesario investigar para esclarecer si fueron utilizadas como un mecanismo de amedrentamiento o presión indebida, dirigido tanto contra mi persona como contra quienes aparecen mencionados en ellas”, se advierte en el documento, consignado por La Tercera.
En esa misma línea, el titular del oficio remarcó que “las circunstancias expuestas permiten plantear, con bastante fundamento, la hipótesis de que los anónimos persiguen afectar mi desempeño y menoscabar la posición de personas que ejercen cargos de jefatura de uno de los registros y debilitar el ejercicio de las atribuciones que les corresponden”, lo que a su juicio configuraría formas de interferencia ilegal para condicionar sus atribuciones disciplinarias y de gestión.
Las diligencias solicitadas al OS-9 de Carabineros
En la acción penal, patrocinada por el abogado querellante Pedro Orthusteguy, la representación de Miranda solicitó al Ministerio Público decretar un conjunto de diligencias destinadas a establecer si los hechos constituyen delitos de amenazas, injurias o coacción.
Entre las peticiones formales se incluyó la citación a declarar del propio conservador denunciante, la fijación de día y hora para hacer entrega material de los cinco escritos anónimos recibidos, y la declaración de reserva de la investigación para resguardar la eficacia de las pesquisas. Finalmente, el libelo requirió instruir al Departamento OS-9 de Carabineros para que asuma los peritajes de orientación gráfica, la revisión de las direcciones de origen de las misivas y la identificación de “posibles vinculaciones con funcionarios del Conservador de Bienes Raíces de Santiago”.
