A partir de este miércoles 2 de septiembre, el pleno extraordinario del máximo tribunal sesionará de manera extendida para revisar los cuadernos de remoción de 56 jueces indagados por viajar al extranjero bajo licencias médicas. La estrategia de defensas para suspender las causas penales y administrativas sumó un contundente fracaso en el órgano constitucional, dejando al juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra, como la única excepción con un proceso paralizado temporalmente.
A partir de las 10:30 horas de este miércoles 2 de septiembre de 2026, el pleno de la Corte Suprema dará inicio a una inédita e intensa maratón judicial destinada a evaluar la continuidad en el servicio de casi 60 magistrados del escalafón primario. El máximo tribunal del país dispuso un diseño de contingencia bajo el cual las salas ordinarias sesionarán apenas poco más de una hora en la mañana, dando paso de inmediato a plenos extraordinarios diarios que se extenderán hasta las 18:00 horas.
La magnitud del proceso disciplinario, originado tras un cruce de información con datos de la Contraloría General de la República por viajes al extranjero de jueces que se encontraban haciendo uso de licencias médicas, explica la dimensión del despliegue. Cada expediente de remoción consumirá entre 40 minutos y una hora de debate, donde los relatores expondrán las indagatorias sumarias y las defensas técnicas contarán con hasta 30 minutos para rendir sus alegatos. Según estimaciones del foro judicial, los 56 procesos acumulados representan entre 37 y 42 horas de trabajo efectivo en el estrado, lo que podría prolongar las jornadas del pleno hasta el 9 o 10 de septiembre.
El duro revés de Daniel Urrutia y la vía constitucional bloqueada
El inicio de las audiencias en el pleno de la Suprema se vio precedido por un masivo fracaso de la contraofensiva jurídica que diversos magistrados intentaron activar ante el Tribunal Constitucional (TC) para paralizar los cuadernos disciplinarios. Al menos 18 jueces recurrieron a la magistratura de Huérfanos impugnando las normas de procedimiento contenidas en el auto acordado del Acta N° 108-2020 de la Corte Suprema. No obstante, la revisión preliminar del TC ha ido cerrando sistemáticamente dicho camino.
Uno de los principales reveses fue notificado al titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El magistrado ,representado por el abogado Carlos Quezada, buscaba que el TC declarara inconstitucionales ciertos preceptos y suspendiera su cuaderno de remoción por falta a la probidad, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago calificara como grave el hecho de que viajara dos veces fuera de Chile haciendo uso de permisos médicos. Se trata de un viaje a Costa Rica, donde asistió a audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un segundo traslado a Ecuador para participar de un tratamiento de medicina alternativa y ancestral en una comunidad indígena.
Sin embargo, la Primera Sala del TC ,integrada por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht, y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery, resolvió de manera unánime no admitir a trámite el requerimiento de Urrutia. El dictamen del organismo constitucional fustigó que la presentación del abogado Quezada “sólo alude en términos generales a las resoluciones de la Corte Suprema dictadas en el marco de las investigaciones sumarias que ordenó instruir al amparo del acta N° 108-2020, sin explicar los hechos específicos que motivaron la investigación en su contra, ni acompañó resolución que dé cuenta del resultado de dicha investigación”. Con este portazo del TC, la Corte Suprema quedó con el camino completamente despejado para entrar a deliberar y resolver el fondo de su caso.
El mapa del fracaso judicial en Huérfanos y la única excepción
La suerte de Urrutia fue compartida por otros magistrados investigados en idéntica posición. El Tribunal Constitucional aplicó la misma resolución de no admisión a trámite a los requerimientos presentados por el juez Gustavo Benavente, el juez Carlos Jeria, la jueza María Verónica Arancibia y el oficial Luis Oyarzún. En tanto, las presentaciones de la jueza Juana Álvarez y del juez José Delgado ,este último patrocinado por el penalista Juan Carlos Manríquez, fueron declaradas derechamente inadmisibles por el organismo.
A la fecha, el tribunal constitucional ha resuelto seis casos de manera definitiva, manteniéndose pendientes de admisión o admisibilidad una decena de recursos de otros magistrados, entre quienes figuran Lía Chepe, María José Salas, Kathyuzka Drpic, Paola Rivas y Rodrigo Chávez.
La única excepción exitosa en la arena constitucional corresponde al juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra. También representado por el abogado Carlos Quezada, Saavedra logró superar el examen de admisibilidad del TC respecto de la impugnación del artículo 41 del auto acordado del Acta N° 108. El tribunal acogió a trámite su requerimiento y dictó una orden de suspensión sobre su expediente disciplinario, convirtiéndose en el único caso donde la Corte Suprema se encuentra impedida de deliberar y resolver su remoción mientras la paralización constitucional se mantenga vigente.
Tensión gremial y las posturas ante el pleno
La ofensiva de la Corte Suprema ha generado una profunda fractura al interior del Poder Judicial, cruzada por duros reclamos de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM). El gremio, presidido por Mariela Hernández, ha insistido en que las aperturas de cuadernos no representan una sanción anticipada. No obstante, interpusieron una demanda de tutela laboral acusando que el pleno de la Suprema afecta gravemente la honra de los asociados, debido a que las conductas investigadas ya habían sido zanjadas administrativamente por sus respectivas cortes de apelaciones mediante amonestaciones, absoluciones o sobreseimientos.
Este mismo argumento técnico ,la imposibilidad de reabrir debates ya ejecutoriados, fracturó al propio pleno de la Corte Suprema en la votación original. Los ministros Leopoldo Llanos y Mauricio Silva, junto a la ministra María Angélica Repetto, votaron en minoría en contra de abrir procesos disciplinarios de destitución a magistrados que ya habían cumplido sanciones o procesos resueltos en segunda instancia por los mismos viajes. A esta preocupación se sumó la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien alertó sobre la ausencia de una segunda instancia de apelación imparcial ante eventuales remociones.
Pese a los cuestionamientos gremiales e internacionales, la cúpula del Poder Judicial mantiene a firme el inicio del proceso. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, defendió el derecho de los magistrados a acudir al TC si estiman que se vulnera la Carta Fundamental, pero evitó polemizar sobre el fondo. Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tomó estricta distancia de la contienda interna de los tribunales señalando que “al Poder Ejecutivo no le corresponde hacer ningún tipo de reflexión y referencia” y que el Gobierno aguardará de manera institucional la resolución final del máximo tribunal de la República.
