La instancia se desarrolló en el marco del inicio del año judicial del juzgado con sede en La Haya.
Los ministros de la Corte Suprema Adelita Ravanales y Leopoldo Llanos participaron en el Cuarto Seminario Judicial organizado por la Corte Penal Internacional (CPI), ubicada en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos.
La instancia -desarrollada en un formato híbrido de presencialidad y telemático- comenzó el pasado jueves 20 de enero, en una ceremonia que contó con la presencia de magistrados de distintos lugares del mundo. La temática a tratar en el seminario fue “Mecanismos disciplinarios aplicables a jueces y juezas”.
El discurso inicial estuvo a cargo del magistrado presidente de la CPI, Piotr Hofmanski. Luego, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, expuso sobre las normas y principios internacionales relacionados a mecanismos disciplinarios judiciales.
Tras los saludos protocolares, la actividad continuó con dos paneles. El primero abordó las experiencias de jurisdicciones nacionales y regionales, en el que participaron Dineke de Groot, presidenta de la Suprema Corte de los Países Bajos; Dame Janice M. Pereira, jueza presidenta de la Suprema Corte del Caribe Oriental; y Michal Laskowski, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Polonia.
El segundo se denominó “Mecanismo de la Corte Penal Internacional aplicable a jueces (y cambios propuestos por el informe experto independiente)”. En esto expusieron el presidente de la CPI, Piotr Hofmanski, y Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma.
Luego del seminario, y según consignó el sitio web del Poder Judicial, la ministra Ravanales señaló que es “un honor poder presenciar, aun por vía remota, la inauguración del año judicial de la Corte Penal Internacional y asistir al seminario sobre los mecanismos disciplinarios aplicables a los jueces. Es un tema de crucial importancia, tanto a nivel nacional como internacional, que da cuenta de la necesidad de equilibrar la independencia de los magistrados, como supuesto del estado de derecho, con la obligación de rendir cuenta”.
El ministro Llanos, por su lado, indicó que la ceremonia “fue muy solemne y con las condiciones actuales no se realizó totalmente presencial. Luego, se efectuó el seminario que versó sobre la disciplina judicial. Todo fue muy interesante, dado que expuso, entre otros, el relator de la Naciones Unidas para la independencia judicial, don Diego García-Sayán, quien dio un panorama bastante amplio sobre cuál es la situación actual de la independencia de los jueces en los casos en que ésta se ve menoscabada por otros poderes, ya sean públicos o fácticos. Luego se relató, de parte de otros expositores, algunas situaciones particulares donde efectivamente se encuentra en riesgo la independencia judicial, como el caso de Polonia”.
Añadió que en el “derecho comparado hay una tendencia que viene muy asentada, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en orden a que los poderes judiciales tienen que ser órganos que sirvan de contrapeso a los otros poderes del Estado y de amparo de los derechos fundamentales de las personas. Y con ese fin, la tendencia también es ir creando órganos que garanticen esa independencia del Poder Judicial, como en el caso de la mayor parte de los países europeos continentales, donde existen órganos de gobierno del Poder Judicial como el Consejo Nacional de la Judicatura. Todo esto apuntando a darles independencia a los magistrados y garantizar que se aboquen fundamentalmente a la labor jurisdiccional. De tal modo, el órgano de gobierno, en que en la mayoría de los casos participan mayoritariamente los jueces, se aboque a los demás temas vinculados a la gestión, administración, nombramientos y disciplina”.
La Corte Penal Internacional es la última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998. Comenzó su funcionamiento en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para enfrentar este tipo de casos.
