Créditos Imagen : CPLT
En Estrado.
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ofició a las tres primeras entidades de un total de 17 organismos sobre los cuales, acorde a lo anunciado por el organismo, iniciará investigaciones sumarias por solicitudes de información sin respuesta y la no presentación de descargos tras presentarse amparos ante el CPLT.
“A partir de datos recabados por el Consejo entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021, se logró identificar un grupo de instituciones públicas en las que fue posible identificar solicitudes de información sin respuesta en el plazo establecido por ley. Asimismo, se evidenció que en diversos casos tras presentarse un amparo ante el CPLT por denegación de información o falta de respuesta, tampoco presentaban descargos”, indica un comunicado del organismo.
Acorde a los oficios remitidos por el Consejo, los primeros procedimientos fueron notificados a la Subsecretaría de Interior, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
“Iniciamos esta serie de investigaciones sumarias, que desarrollaremos sucesivamente en los próximos meses, acorde a la misión institucional del CPLT de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y por lo tanto, fiscalizar a las instituciones de que efectivamente exista una respuesta al derecho fundamental de las personas a solicitar información pública”, explicó la titular del Consejo, Gloria de la Fuente.
Acorde a lo que detalló De la Fuente, el objetivo de estos procesos es establecer posibles responsabilidades administrativas y, en la eventualidad de ser procedente, esto quiere decir, de evidenciar vulneraciones a la Ley de Transparencia “la autoridad, jefatura o jefe superior del servicio requerido podrían enfrentar sanciones”, detalló la presidenta del Consejo. “No podemos adelantar que la multa recaiga en los subsecretarios de las carteras mencionadas, pero no puede descartarse tampoco acorde a la normativa vigente”, agregó.
Según la Ley de Transparencia (Nº 20.285) la autoridad, jefatura o jefe superior del servicio requerido, que no respondió o denegó sin fundamento el acceso a la información, puede oscilar entre el 20% y el 50% de su remuneración mensual. Sin embargo, De la Fuente subrayó que “lo más relevante es asegurar que se responda a las personas y se entrega la información que necesitan, hay una persona detrás de cada solicitud. Nuestro lugar es la defensa del derecho de las personas y los organismos y autoridades deben entender que la transparencia no es sólo una buena palabra, tiene que tener un correlato en la práctica. Si no es así, alguien tiene que hacerse responsable”, dijo.
