En el auditórium de la Contraloría General de la República se desarrolló esta mañana el “Segundo Simposio 2024 sobre la Ley de Delitos Económicos y Ambientales: Sus Impactos en el Sector Público”, evento presidido por la Contralora Dorothy Pérez y en el que participaron destacados abogados expertos en compliance; entre otros, el penalista Juan Carlos Manríquez; la ex jefa de la UAF, Tamara Agnic; y el ex fiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo. También intervinieron otros expertos en la materia, entre ellos, la consejera del Consejo para la Transparencia, María Jaraquemada, y el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios de Chile, Andrés Chacón.
En la ocasión, la titular del organismo de control se refirió a la crisis de confianza institucional y la necesidad de implementar modelos de prevención de delitos en las municipales y gobiernos regionales.
Durante la actividad, especialistas en la materia, pudieron discutir respecto a los resultados que ha entregado la Ley 21.595 sobre delitos económicos y ambientales, a un año de su publicación.
Fue así como el abogado Juan Carlos Manríquez alertó sobre dos situaciones necesarias de tener en cuenta. Una, la tendencia observada de “estirar la figura de fraude al fisco con la lógica de la administración desleal para funcionarios públicos que administran recursos”. “Eso, querámoslo o no, amplía muy peligrosamente el ámbito de aplicación de una figura pensada para infidelidades hacia adentro, o una organización privada, a la estructura de los delitos funcionarios normalmente aplicables a los funcionarios públicos, lo que los pone en un doble riesgo”, dijo.
Por eso, advirtió: “El exceso de amplitud de algunos tipos penales o su interpretación puede afectar la taxatividad de su ámbito de aplicación y terminar generándose tipos penales ad hoc, caso a caso, que vulneren la regla de legalidad y en ese caso el Tribunal Constitucional sí debiera tener un rol de intervención y los órganos públicos una activa participación para trabajar en criterio de delimitación de esas fronteras, porque de lo contrario se va a producir una perturbación en determinadas formas criterios y lógicas que pueden afectar el funcionamiento”.
Desde una perspectiva positiva, sin embargo, dijo que “para evitar eso, incluso con ese problema interpretativo, instalar en el sector público municipal un compliance eficiente, verdadero, efectivo y moderno, no un archivador para dejárselo por ahí en una esquina a una persona que va de cuanto en vez al municipio, es lo que hay que hacer”.
Por otro lado, alertó directamente sobre un problema que amenaza con suscitarse en zonas de extracción de litio. “El modelo extractivo del litio supone usar el agua de los salares sin respetar el tiempo de anidación del flamenco andino. Quienes se dieron cuenta de eso son observadores internacionales, pues hoy los satélites, los drones permiten observar en tiempo real dese el espacio el cambio de color, el cambio de caudal de las aguas, el cambio de altura, y de ahí hacer inferencias de explotaciones ilegales o no. Nuestro país necesita desarrollo del litio, las municipalidades están en conexión con ese negocio, y este caso específico ya está en la mira de las grandes organizaciones ambientalistas y de la prensa mundial. Chile tiene que evitar tener el segundo caso interesante de la ley de delitos económicos porque basta un solo huevo roto o un solo flamenco andino muerto para que mañana una querella presentada por haber afectado un componente esencial de un ecosistema delicado como dice la ley, va a ser admitida sin mayor trá
mite”.
