El Ministerio Público inició una investigación penal tras detectar que el exadministrador de fondos, Miguel Azar, habría operado con sociedades vinculadas y cobrado documentos bancarios sin trazabilidad. Mientras la directiva del partido asegura que solo se trata de una petición de “mayores antecedentes”, la Fiscalía Centro Norte analiza si los contratos y gastos de arriendo configuran delitos en el uso de recursos públicos.
La salud financiera y la probidad administrativa del Partido de la Gente (PDG) está bajo el escrutinio de la justicia ordinaria. El Servicio Electoral (Servel) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público tras detectar una serie de inconsistencias en las rendiciones de gastos de la colectividad correspondientes a los ejercicios contables de 2023 y 2024. La acción legal, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía Centro Norte, apunta a operaciones que podrían vulnerar la normativa electoral y constituir delitos asociados al manejo de fondos públicos.
El foco de la auditoría del Servel recae sobre la gestión de Miguel Azar, quien se desempeñó como administrador general de fondos y tesorero de la tienda fundada por Franco Parisi. Según el organismo técnico, existen movimientos financieros cuyo destino final no ha podido ser acreditado, lo que activó las alarmas sobre la transparencia en el uso del patrimonio partidario.
Las piezas del rompecabezas: Cheques y sociedades vinculadas
El caso se sostiene sobre tres ítems críticos que el Servel considera “inconsistentes”. El primero de ellos involucra un cheque emitido a nombre de Miguel Azar, el cual fue cobrado directamente por caja. De acuerdo con la denuncia, la colectividad no ha logrado establecer con claridad qué se pagó con ese dinero, sumado a que “las fechas asociadas a los documentos presentados no coincidían” con el momento del cobro bancario. Al respecto, el Servel fue taxativo: “Los antecedentes presentados no demostraron el pago de las operaciones que se pretendían justificar”.
El segundo elemento bajo sospecha son las contrataciones de servicios con sociedades vinculadas al propio exadministrador de fondos. Para el órgano fiscalizador, esta dinámica “comprometía la transparencia y el debido control en la administración de recursos públicos”, al no haberse despejado las dudas sobre la idoneidad de estos contratos.
Sedes desconocidas y la defensa del partido
Un tercer punto que ha causado extrañeza en la investigación es el pago de arriendos por sedes partidarias cuya existencia es desconocida incluso para integrantes de la propia colectividad. El Servel detectó desembolsos por este concepto sin el respaldo documental suficiente que acredite su ejecución o relación con las actividades del PDG. Esta “sede fantasma” fue ratificada por declaraciones internas, como la de Zandra Parisi, quien afirmó: “Nosotros no tenemos sede, hasta donde tengo entendido”.
Desde la cúpula del PDG, la respuesta ha sido de cautela y defensa corporativa. La presidenta subrogante de la tienda, Denisse Catalán, manifestó su preocupación por la filtración de la noticia antes de ser notificados formalmente por el Servel. “Nos parece grave, de ser así, es gravísimo que se entere un medio de comunicación antes que la institucionalidad del partido”, señaló la dirigenta a la prensa.
Catalán descartó que exista una crisis de documentación estructural, atribuyendo las observaciones a un celo administrativo por parte del regulador. Según su versión, “ninguna observación tiene que ver con falta de documentación esencial, sino que con mayores antecedentes que requiere el Servicio Electoral para dar una fe plena respecto a los gastos”.
El fantasma de la disolución
Más allá de la arista penal que hoy encabeza la Fiscalía, el PDG enfrenta un riesgo institucional mayor. La división de fiscalización del Servel elevó los antecedentes no solo para la persecución de eventuales delitos, sino también como base para evaluar una solicitud de disolución del partido ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Mientras el Ministerio Público determina si las inconsistencias en los balances y el cobro de cheques por caja configuran un fraude al fisco o malversación, la colectividad asegura estar “disponibles para poder reunirnos con ellos a la brevedad” y subsanar las dudas que hoy los tienen en la mira de la justicia. Por ahora, la trazabilidad de los fondos públicos entregados al partido sigue siendo el principal enigma que los fiscales deberán resolver.
