La resolución del tribunal capitalino fija el inicio de la fase intermedia del proceso penal contra el exsubsecretario del Interior, luego de que el fiscal regional Francisco Jacir ingresara la acusación definitiva. El Ministerio Público ratificó su solicitud de presidio efectivo por violación y abuso sexual, respaldándose en una voluminosa lista de pruebas que incluye el testimonio de altas autoridades de Gobierno.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó formalmente para el próximo 5 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La determinación de la magistratura se concretó luego de que el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, ingresara formalmente el escrito de acusación el pasado viernes, dentro del plazo legal de diez días posteriores al cierre definitivo de la etapa investigativa, decretado el 21 de agosto de 2026.
En el libelo acusatorio, el Ministerio Público ratificó su pretensión penal de aplicar una sanción total de 14 años de presidio efectivo en contra de la exautoridad de Gobierno. Junto con las penas corporales, la fiscalía solicitó al tribunal decretar la inhabilitación absoluta y perpetua de Monsalve para cargos u oficios públicos, además del pago de las costas del proceso.
La presentación de este escrito, marca un hito clave que reanuda el curso del proceso, el cual se arrastra desde la denuncia interpuesta en octubre de 2024 por una funcionaria de la Subsecretaría del Interior que se desempeñaba bajo la subordinación de Monsalve. La acusación ingresada por el fiscal Jacir no constituye una pieza procesal inédita, puesto que la fiscalía ya había presentado un texto de idéntico tenor en diciembre de 2025 al vencer el plazo original de la indagatoria. No obstante, en enero de este año, la defensa de la exautoridad ,representada por el defensor penal público Víctor Providel, alegó ante el estrado la existencia de diligencias pendientes que consideraban vitales para estructurar una hipótesis de inocencia. Dicho planteamiento fue acogido por el tribunal, que ordenó reabrir la causa por un periodo extraordinario de 120 días, el cual concluyó formalmente el pasado 21 de agosto luego de que la judicatura rechazara una nueva solicitud de prórroga de la defensa.
Con la etapa de investigación definitivamente de vuelta a su fin, la Fiscalía Centro Norte optó por mantener intacta la estrategia probatoria diseñada originalmente, de modo que el fiscal Jacir ,quien asumió la titularidad del caso en reemplazo del exfiscal regional Xavier Armendáriz tras concluir este su periodo legal, insistirá en las mismas pruebas previamente recopiladas. El arsenal probatorio de la fiscalía contempla un total de 89 testigos, 106 pruebas documentales y 21 peritos especializados. Entre los testimonios más esperados en el estrado figura una amplia nómina de actuales y exautoridades de Gobierno que tomaron conocimiento de los hechos antes de que se formalizara la denuncia judicial, destacando la comparecencia del Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, la exministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, y el exministro de Seguridad, Luis Cordero.
A este listado de testigos de carácter político se sumarán las declaraciones del exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente; la exjefa de comunicaciones, Ana María Araneda; la exjefa de la división jurídica de Interior, Luppy Aguirre; y los periodistas Ilse Sepúlveda y Diego Bustamante. Asimismo, prestarán declaración los familiares directos de la denunciante y altos mandos de las policías, como el general de Carabineros Enrique Monrás y la exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches. En materia de pruebas materiales y científicas, el Ministerio Público presentará el registro de pago en efectivo de la cena del 22 de septiembre de 2024 en el restaurante Ají Seco Místico —que totalizó más de $110 mil pesos e incluyó la ingesta de ocho pisco sours—, imágenes de las lesiones de la víctima reportadas por la querella en octubre de 2024, y peritajes químicos y forenses elaborados por expertos del Servicio Médico Legal (SML) y la PDI.
La definición de la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral —la cual, conforme a las reglas del Código Procesal Penal, debe celebrarse entre 25 y 35 días después de notificada la acusación— agudizó las discrepancias entre los intervinientes. Mientras la abogada querellante de la víctima, María Elena Santibáñez, abogó por la celeridad del proceso argumentando el severo impacto psicológico y el bienestar de su representada tras casi dos años de tramitación, el defensor Víctor Providel insistió en sus críticas al cierre de la investigación penal, advirtiendo que la exclusión de las diligencias solicitadas por la defensa impedirá que el tribunal oral cuente con información íntegra y completa de los hechos. Por su parte, Manuel Monsalve ha mantenido de forma sistemática su postura de inocencia, sosteniendo públicamente que, si bien cometió un error que lo situó en una posición compleja, jamás incurrió en conductas que revistan el carácter de delito.
