Corte de Apelaciones de Iquique informó el llamado a concurso para sustituir cargo que dejó la próxima Ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique acordó llamar a concurso público para proveer el cargo de fiscal regional de Tarapacá, tras la renuncia de Trinidad Steinert, quien asumirá en marzo como Ministra de Seguridad Pública.
En su resolución, el Pleno de ministros da cuenta que “habiéndose comunicado a esta Corte, por el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Ángel Valencia Vásquez, mediante Oficio FR N°098/2026, del cese por renuncia voluntaria en el cargo de Fiscal Regional de la región de Tarapacá de doña María Trinidad Steinert Herrera a contar del 20 de enero de 2026 (…), el Tribunal pleno acordó llamar a concurso público de antecedentes para proveer el cargo de Fiscal Regional del Ministerio Público de la Región de Tarapacá”, por el término de 10 días desde la última publicación que se efectúe.
Las y los interesados deberán adjuntar a su oposición, la documentación que acredite que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y, además, los exigidos en el numeral 5° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Designación de Fiscal Nacional y Fiscales Regionales del Ministerio Público y además cumplir con los requisitos de la ley 14.908.
Las postulaciones se podrán entregar presencialmente o por correo electrónico a las casillas pleno_ca_iquique@pjud.cl y ca_iquique@pjud.cl
El acuerdo fue pronunciado por el Tribunal Pleno integrado por el presidente Pedro Güiza Gutiérrez y las ministras Mónica Olivares Ojeda y Marilyn Fredes Araya.
Una vez recibida las postulaciones, la Corte de Apelaciones de Iquique deberá escuchar las exposiciones de los postulantes para luego votar la terna que será presentada al fiscal nacional, quien finalmente decidirá quién será el sucesor de Steinert.
Los aspirantes deben cumplir ciertos requisitos como tener derecho a sufragio, haber cumplido 30 años de edad, tener a lo menos cinco años el título de abogado y no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
