M. Soledad Alonso Baeza. Abogada de la Universidad Diego Portales. Actualmente colabora en el estudio de Lillo, Orrego, Torre & Cía. Abogados y en Acevedo, Allende & Mujica Abogados. Asesora en implementación de programas de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.
Hace unos días los congresistas de Estados Unidos tuvieron una audiencia con los directivos de las grandes compañías de Big Data – Facebook, Twitter y Google – tres de los gigantes de internet con el fin de analizar lo que estiman como su incapacidad para contener la desinformación y el extremismo que hace dos meses se reflejó en el asalto al Capitolio por parte de los simpatizantes de Donald Trump.
La investigación de este caso que lidera la oficina del FBI en Washington DC y el Departamento de Justicia revelaron intercambios de mensajes de plataformas frecuentadas por los seguidores del ex presidente, pero también en redes de uso más extendido como Facebook o Twitter, donde etiquetas del tipo #StormTheCapitol (ataquemos el Capitolio) o #StopTheSteal (detengan el robo) animaron la movilización.
La idea de la audiencia era dilucidar lo siguiente: ¿Son las redes sociales responsables del pasado motín? ¿Cuál ha sido el papel de las plataformas durante los procesos electorales pasados y en los meses posteriores?
Recordemos que hace unos años el caso Cambridge Analytica traspasó las fronteras de Estados Unidos, luego que se descubriera que la consultora adquirió de forma indebida información de 50 millones de usuarios de la red social de Facebook. De acuerdo con los datos publicados en ese entonces por los diarios The New York Times y The Observer, esos datos privados fueron utilizados para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de 2016, donde Donald Trump resultó electo presidente. En esa época, el fundador y director ejecutivo de Facebook asumió la responsabilidad de lo sucedido y comprometió pasos para reforzar la seguridad y garantizar la privacidad de los usuarios.
Ahora ante los congresistas norteamericanos esta vez el CEO de Facebook propuso que la nueva legislación debiera requerir que las plataformas tecnológicas más grandes sean más transparentes sobre sus reglas para eliminar contenido y responsabilizarlas cuando no bloquean la actividad ilegal, si la encuentran. Sin embargo, Dorsey – CEO y cofundador de Twitter – estimó que “sería difícil de promulgar”, porque a su juicio es complejo determinar qué es una plataforma grande y qué es una plataforma pequeña, añadiendo que “la moderación de contenido de forma aislada no es escalable, y la simple eliminación de contenido no cumple con los desafíos de la internet moderna”. Afirmó, además, que sus políticas se construyen bajo tres pilares: “libertad de expresión, seguridad y privacidad”.
No obstante, la privacidad es algo que ha ido cambiando con el tiempo y parece ir en el en el sentido contrario para resguardarla. Los usuarios de redes sociales están cada vez más transparentes, abiertos a diferentes tipos de control, manipulación y discriminación, mientras que los poderosos – gobiernos, industria y organizaciones – son más cerrados.
Uno de los límites del derecho de acceso a la información es la protección de los datos personales que sólo pertenecen a su titular y cuya divulgación podría afectar un derecho legítimo de este último como el derecho a la intimidad. De esta forma, en la era de la digitalización de la información en que vivimos, las sociedades se enfrentan, por una parte, a la necesidad acelerada de proteger a los ciudadanos en su privacidad – derecho garantizado en nuestra Constitución Política por el artículo 19 Nº 4 – y por la otra, a que los datos recolectados sean utilizados para manipular las decisiones que toman los individuos.
Precisamente, la normativa general de protección de datos personales que nos rige a través de la Ley Nº 19.628, data de hace casi 20 años, y requiere de una urgente y necesaria actualización. Con este fin, se aprobó en general el proyecto que crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines refundidos Nros. 11122-07 y 11092-07), la cual busca adecuar nuestra legislación de protección de datos personales con estándares más altos. En paralelo a esta modificación legal, se tramita la reforma que busca garantizar constitucionalmente la protección de los datos personales.
Se espera que tanto la modificación legal que actualiza la legislación en materia de datos, así como la reforma que busca consagrar este derecho a nivel constitucional, se transformen en un primer paso para una adecuación permanente de nuestro ordenamiento jurídico a las nuevas formas de comunicarse a nivel global.
Sin embargo, sabemos que la tecnología de la información puede constituir un riesgo para la democracia, si se suman los datos sobre nuestros ingresos, hábitos de compra, perfiles en redes sociales, empleo, preferencias, entre otros, se sintetizan y luego se venden. Asimismo, los equipos de campaña electoral pueden socavar el derecho a la autodeterminación y afectar la decisión política para votar por uno u otro candidato. Las personas basan sus decisiones y su participación en una democracia conforme a la información de que disponen, la que, si no es genuina, no puede ser contrastada por diversas fuentes de información, lo que favorece la proliferación de las “fake news” a través de las redes sociales o se distorsiona o manipula de alguna manera la información, quedando los ciudadanos expuestos a la desinformación e ignorancia.
No es casualidad, que exejecutivos de altos cargos de las grandes empresas del Big Data, hayan empezado a denunciar la manipulación y la distorsión de la realidad de que son objeto los usuarios de las redes sociales. Tristan Harris, ex design ethicist del equipo de Gmail, quien participó junto a otros profesionales que han trabajado para estas compañías, en el documental exhibido en Netflix “The Social Dilemma”, explicó a un medio de comunicación chileno[1] como un grupo de 50 diseñadores, hombres blancos, de entre 25 y 35 años, de California, miembros de tres compañías (Apple, Google y Facebook), habían tomado decisiones que tuvieron alto impacto, afectando a más de dos mil millones de personas.
Actualmente, Harris – científico y presidente del Center for Human Technology – investiga y analiza cómo el sistema de las redes sociales utiliza los datos de los usuarios para predecir e influir en sus acciones, con el fin de mantener su atención y transformarse en un producto para los anunciantes y avisadores. Las consecuencias que esto ha traído son entre algunas, la depresión adolescente, la polarización política, la alimentación de teorías conspirativas y las fake news. Afirma que si bien, el modelo de negocios no fue creado para eso, es responsabilidad de sus creadores cambiarlo y, a su juicio los gobiernos deberían intervenir e ir tras el modelo que está causando grandes problemas a nivel global. La plataforma está diseñada para que el usuario reciba en su muro aquella información que confirma su mirada de la realidad y le da razones para que se sienta que está en lo cierto y, por qué el otro está definitivamente equivocado. Esto genera que cada usuario tenga información que no se superpone, que no se contrasta, entonces cada uno tiene una mirada diferente de la realidad.
Si bien, las preguntas planteadas por el Congreso norteamericano al inicio de este artículo se pueden responder afirmativamente, eso no exime a los usuarios de las redes sociales de la responsabilidad que les cabe en la contribución a la desinformación y a la manipulación de la realidad. Es preciso tomar conciencia para no seguir cooperando a alimentar la integración y análisis de datos, a través de algoritmos complejos, que realizan las grandes compañías para disminuir el poder predictivo de estas y evitar el “microtargeting político”[2] que realizan los partidos políticos.
Dado que la pandemia nos ha obligado a retrasar nuestro calendario electoral, es importante corroborar la información que nos envían en tiempos electorales. Existen plataformas disponibles como Fast Check Cl, Factcheking UC, Contexto Factual, entre otras que impulsan iniciativas para frenar la circulación de contenidos engañosos o maliciosos. La agenda electoral para este año está recargada, pero por primera vez en nuestra vida republicana elegiremos Convencionales Constituyentes quienes redactarán la Nueva Carta Fundamental.
El proceso constituyente que tenemos por delante es una oportunidad para crear una visión compartida del futuro que tendrá impacto en nuestra convivencia y democracia. Sin embargo, la polarización y fragmentación socio-política que vive el país unida a la desconfianza y deslegitimación de las instituciones y de la clase política en general, nos exigen a todos elevar los estándares de comportamiento, dentro de los cuales se encuentra el uso informado y responsable que hagamos de las redes sociales, lo que contribuirá a un voto informado si realmente queremos que la nueva Constitución sea la “casa de todos y todas”.
Referencias
[1] Publicada el sábado 10 de octubre de 2020 en la Revista Sábado del diario El Mercurio.
[2] Herramienta utilizada por los partidos políticos para focalizar segmentos acotados de la población e influir, a través de un mensaje adecuado, por un candidato particular. Esto lo realizan analizando los datos obtenidos de información personal de los electores, como los datos sociodemográficos y datos de comportamiento on line. Ver https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/estudios/2021/02/Consagracion-del-DAI-PDP.pdf