Andrés López Vergara, En Estrado.
“Representar al Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda Norambuena, la falta de deferencia demostrada por la citada repartición con los representantes de este poder del Estado, ante las sucesivas postergaciones de reuniones y dilaciones en las comunicaciones intercambiadas con la comisión de ministros y/o sus integrantes”.
Ese fue uno de los puntos acordados por el Pleno de Corte Suprema. La resolución del 25 de agosto fue dura. Manifestaba la molestia de los magistrados al tratamiento que ha tenido el Ejecutivo para sacar adelante el aumento de dotación necesaria para enfrentar el retraso en la tramitación de proceso judicial a raíz de la suspensión de audiencias durante la pandemia. Una vez que se termine el Estado de Excepción se generará un colapso en tribunales, algo que han advertido desde el año pasado y aún no tiene solución.
El trabajo para sacar adelante esta iniciativa estuvo a cargo de una comisión integrada por los magistrados del Máximo Tribunal, Sergio Muñoz, Manuel Valderrama y la ministra Gloria Ana Chevesich.
“Que, asimismo, se ha recibido el oficio N° 4459 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, por el que formula una serie de observaciones a las resoluciones adoptadas por esta Corte Suprema que dan cuenta de los acuerdos alcanzados para intentar superar las dificultades que supone la contingencia sanitaria y el próximo cese del estado de excepción constitucional, en el funcionamiento de tribunales”, agrega la resolución de acuerdo.
El Pleno recalcó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que “Que la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, postulando que el proyecto de esta Corte Suprema, en orden a crear 310 cargos de jueces y juezas para abordar la recarga de trabajo generada por el actual estado de cosas, sería materializado mediante el recurso a actas que regulan el sistema de suplencias al interior del Poder Judicial, prescindiendo de la intervención del Poder Ejecutivo y desnaturalizando el sentido de lo dispuesto en el artículo 101 del Código Orgánico de Tribunales, solicita se requiera al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la creación de los citados cargos mediante una ley que establezca un escalafón transitorio de jueces y juezas para afrontar la sobrecarga de trabajo”.
Agregan, evidenciando la molestia: “Mandatar al Presidente de la Corte Suprema para que haga presente al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, la opinión de este tribunal en relación a sus afirmaciones contenidas en el oficio N° 4459 y le comunique que esta Corte, por ser un tema de Estado, no cesará en la búsqueda de soluciones para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia y que ésta se imparta con oportunidad, explorando todas las alternativas que resulten procedentes, contexto en el cual manifiesta nuevamente su disposición al diálogo con dicha Secretaría de Estado”.
Inaceptable
En el acta, los ministro Sergio Muñoz y Manuel Valderrama establecieron que fundan su opinión “en el hecho que sorprende los términos y conceptos de la nota del Ministro de Justicia, los que resultan inaceptables. No es a la Corte Suprema a
quien se le debe recordar preceptos legales, es tal autoridad la que debe cooperar en la tarea de proporcionar una pronta y cumplida administración de justicia a los habitantes de la República”:
Agregan que “olvida el ministro que al ser consultado el tribunal en su oportunidad, se advirtió de la inconveniencia que podría tener una suspensión general de algunos procedimientos, cuya tramitación se podría ver dilatada sin justificación en lo concreto, razón por la cual se informó que era adecuado dotar a los jueces de la facultad de disponer tal medida conforme a las particulares circunstancias del caso. El proyecto del Ejecutivo y la aprobación del Congreso no acogieron dicho planteamiento. Los efectos de tal determinación se pueden observar el día de hoy y sus consecuencias se prolongarán por años”.
Promesa incumplida
Explican los magistrados que “la preocupación permanente y la exploración de soluciones proviene de
la Corte Suprema y no del Gobierno, materia que fue explicada en detalle por el ministro señor Valderrama directamente al Ministro de Justicia y sus asesores. A todo lo anterior se une el antecedente que el Subsecretario de Justicia, señor Valenzuela, indicó al presidente de esta Corte que el Ministerio podía obtener una solución legislativa en dos meses, los que ciertamente ya han transcurrido y no se ha comunicado ninguna iniciativa que aborde la materia”.
Finaliza: “Es de esperar que en el ejercicio de sus funciones constitucionales proponga proyectos concretos a los poderes colegisladores y se obtenga una solución a la brevedad, sin esperar que la respuesta la entregue un próximo Gobierno. En todo caso la ciudadanía debe tener la plena seguridad que el Poder Judicial no cesará en su empeño de garantizar el acceso a la justicia y que ésta se imparta con oportunidad, explorando todas las soluciones que resulten procedentes con sus recursos propios”.
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