Los diputados Luis Sánchez y Juan Irarrázaval abandonaron la acción penal por presunto tráfico de influencias contra la senadora Karol Cariola. Pese al retiro de los principales impulsores políticos, el Ministerio Público mantiene la potestad de continuar con la investigación de oficio, la cual se originó tras el hallazgo de chats en el marco del caso Sierra Bella.
La trama judicial conocida como el caso “China Mart” entró en una fase estrictamente técnica tras el repliegue de sus principales acusadores. Los diputados del Partido Republicano, Luis Sánchez y Juan Irarrázaval, presentaron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito para desistirse “de manera completa y total” de la querella criminal que buscaba establecer responsabilidades por un eventual delito de tráfico de influencias. La acción legal apuntaba a las gestiones que la entonces diputada Karol Cariola habría realizado ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en favor del empresario chino Emilio Yang.
Para concretar este movimiento, el abogado Sergio Rodríguez invocó el artículo del Código Procesal Penal que establece que “el querellante podrá desistirse de su querella en cualquier momento del procedimiento. En ese caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general sobre costas que dictare el tribunal al finalizar el procedimiento”. Horas después, la defensa de la parlamentaria comunista, liderada por Juan Carlos Manríquez, aceptó formalmente el desistimiento.
El origen: De Sierra Bella a los chats de Hassler
El caso no nació de una denuncia directa, sino como una derivación del caso Sierra Bella. Durante el análisis del teléfono celular de Irací Hassler —incautado por la compra fallida de la clínica—, la PDI recuperó, mediante el sistema forense “Cellebrite Reader”, una serie de conversaciones de WhatsApp. En dichos diálogos, Cariola solicitaba orientación y ayuda para Yang, quien enfrentaba problemas administrativos con patentes comerciales en el municipio.
Si bien el Partido Republicano justificó el retiro de la querella bajo la premisa de “disminuir la judicialización en el debate político” y fortalecer la autonomía de las instituciones, el proceso penal no se extingue automáticamente. Al tratarse de una investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público, será la Fiscalía Regional de Coquimbo la que defina si los antecedentes acumulados justifican una formalización o si se solicita el cierre definitivo de la causa.
El costo político y el controvertido allanamiento
La indagatoria tuvo un impacto inmediato en la carrera política de Cariola, forzando su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados el 16 de marzo de 2025. En su comunicado de dimisión, la parlamentaria argumentó la necesidad de concentrarse en los cuidados de su hijo recién nacido, denunciando al mismo tiempo una “operación mediática y política” para desacreditar su imagen pública.
Uno de los hitos más cuestionados del proceso ocurrió el 3 de marzo de 2025, día en que Cariola dio a luz. En esa misma jornada, la Brigada Anticorrupción de la PDI, bajo las órdenes del fiscal Patricio Cooper, allanó su departamento en Providencia, transformándola formalmente en imputada. La defensa calificó el procedimiento como una vulneración a la igualdad ante la ley, acusando que se excedió el marco del debido proceso al ejecutar la diligencia en un momento de especial vulnerabilidad.
Con el desistimiento de Sánchez e Irarrázaval, se suma el segundo retiro de la causa tras la salida del diputado Andrés Celis (RN) en mayo pasado. Ahora, la decisión queda en manos del ente persecutor, que deberá evaluar si el contenido de los chats trasciende la gestión administrativa habitual de un parlamentario o si reviste caracteres de delito, en una audiencia que ya fue solicitada para discutir el futuro de la indagatoria.
