Para el Defensor Regional de La Araucanía, Renato González, la mejor palabra para definir el trabajo que realizan sus defensores públicos es “complejidad”. Un estado de excepción constitucional que se mantiene, la presencia de militares en los caminos rurales y la violencia permanente graficada en la quema de vehículos y propiedades, van conllevando, para este abogado de la Universidad de Chile, “una serie de dificultades en las relaciones humanas de todos quienes vivimos en la zona”.
El 18 por ciento de las personas que representa hoy la Defensoría Regional de La Araucanía pertenecen al pueblo mapuche, lo que en números bordea las 20 mil personas al año. También ha ido en incremento el número de carabineros defendidos por delitos vinculados al estallido social o a la llamada causa mapuche.
-¿Cómo puede definir la defensa penal en una región cruzada por temas políticos, jurídicos y culturales como La Araucanía?
-La palabra más fácil de ocupar es complejidad. Esta es una región extraordinariamente compleja. Hace más de un año que está en un estado de excepción constitucional permanente. De hecho, todas las discusiones que se realizan en el Gobierno, en el Congreso sobre esas materias dicen relación con esta región y ese no es un tema menor, porque va influyendo en la vida diaria de las personas. Están los militares, no aquí en la ciudad, pero en los caminos rurales, en las comunidades y eso, sin duda alguna, va influyendo en todas las personas. El tema de la violencia no es menor tampoco, con la quema de vehículos y propiedades. Todo esto va conllevando una serie de dificultades en las relaciones humanas de todos quienes vivimos en la zona.
En lo que a nosotros nos compete, tenemos la misión de la defensa de personas sin discriminación alguna y en esta región, en particular, tenemos una alta incidencia de defensa mapuche. Alrededor del 18 por ciento de las personas que representamos son de origen mapuche, es decir cerca de 20 mil personas al año. La gente tiende a pensar que todas las causas que se ven están relacionadas con el conflicto mapuche o la violencia rural, y eso no es así. Lo que sale en las noticias es un grupo más reducido de personas a las que se le imputan delitos más graves y que -algunos de ellos- reivindican cuestiones más de fondo desde la mirada histórica y cultural.
También representamos a muchos carabineros imputados por delitos vinculados al conflicto mapuche o al estallido social. Hoy defendemos a 30 carabineros por distintos delitos, generalmente de lesiones en el contexto del estallido y algunos están imputados por apremios ilegítimos.
-Y en el caso del pueblo mapuche, ¿cuáles son los delitos más frecuentes que se le imputa a este grupo?
-En lo genérico son los mismos que en el resto del país: lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, manejo en estado de ebriedad y, lo que más suena, personas imputadas por homicidio de carabineros, receptación de vehículos y robos con intimidación.
También está el robo de madera, pero ahí prácticamente no hay imputados de la etnia mapuche. No me atrevo a dar un porcentaje, pero claramente es una minoría. Para nosotros es un delito común, producto de una legislación que comenzó a hacerse efectiva hace pocos días. Antes el robo de madera se caratulaba como hurto y ahora la nueva legislación viene a aumentar las penas por los delitos que rodean esta acción.
-¿Cuánto más sube la pena por robo de madera hoy, tras los últimos cambios legislativos?
-La experiencia de las últimas semanas muestra que, al detener a las personas, el Ministerio Público busca instalar la figura de la asociación ilícita y eso agrava la sanción posible ante una eventual condena por hurto de madera. También hay otros delitos que se pueden sumar, como el de receptación, al no ser los choferes los propietarios de los vehículos que conducen para estos fines y ahí se van sumando penas y, si se suman todos los delitos, siempre la condena será pena de crimen, es decir más de 5 años, lo que conlleva a una condena efectiva y privativa de libertad, sin posibilidad de aplicar penas sustitutivas.
Lo peor de estas investigaciones es que, generalmente, los fiscales piden la prisión preventiva como medida cautelar y en eso sí ha habido un crecimiento sostenido en la región.
“ALZA SIGNIFICATIVA” DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
-¿Ha aumentado el uso de la prisión preventiva?
– Sí. Normalmente, en la región había más o menos 250 personas representadas por la Defensoría Penal Pública que estaban privadas de libertad. Al día de hoy, y desde comienzos de año, tenemos más de 320 personas en prisión preventiva, lo que porcentualmente es un alza significativa.
-¿A qué cree que se debe esto?
-Sin duda, las modificaciones legales ayudan en el sentido inverso de lo que uno quisiera. Se agravan las penas y aumentan las posibilidades de quedar en prisión preventiva. También hay un sesgo, en el sentido de una mayor facilidad de los tribunales para decretar estas prisiones preventivas. Ahora pareciera ser que la discusión de fondo es que el defensor tiene que entrar a demostrar la inocencia de su representado, más que la necesidad del Ministerio Público, cuando hace la solicitud de esta medida.
Entonces, creo que se está corriendo la línea de discusión, en el sentido que pareciera ser que estamos presumiendo la culpabilidad de las personas y la necesidad casi automática de privarlas de libertad mientras son investigadas. Creo que ahí hay una línea de difícil retorno.
-Un estudio de la Universidad de Chile concluye que una persona de etnia mapuche tiene más posibilidades de quedar en prisión preventiva que una no indígena, tras imputársele el mismo delito… ¿Es esta conclusión una realidad palpable en la región?
-En cuanto a números, hay más personas no indígenas privadas de libertad, pero porcentualmente esa diferencia sí existe. Lo que uno ve en la práctica, respecto de ese tema, es que cuando el Ministerio Público pide que se decrete esta medida cautelar cuesta mucho que el tribunal no la otorgue.
Como decía anteriormente, pareciera ser que la necesidad social de quedar privado de libertad pasó a ser bastante más relevante que la presunción de inocencia que planteamos nosotros respecto de cada persona. Entonces, cuando hay una imputación de un delito grave sobre una persona, lo que no significa que ella lo cometió, basta la sola imputación para que a esa persona se le dé prisión preventiva.
-¿Usted cree que la Defensoría Penal Mapuche ha logrado legitimarse frente a las comunidades indígenas en sus casi 20 años de existencia? ¿Existe una mayor confianza de ellos hacia una institución que es parte del Estado de Chile?
–Lo primero: ante los ojos de muchas comunidades mapuche, sin duda somos abogados y abogadas del Estado. Ese primer inicio frente a algunas comunidades -no todas- es una verdad insalvable. Por lo tanto, simplemente nosotros vamos a brindar un servicio y cumplir una función, pero nunca vamos a cruzar la línea de la confianza, porque somos abogados del Estado en un tema tan de fondo que, por cierto, no estamos en capacidad de solucionar. Sin embargo, hay otras comunidades en que no hay tanta tensión en la relación entre ellos y nosotros.
Cuando nos preguntan cómo nos relacionamos con el pueblo mapuche, en realidad la pregunta es cómo nos relacionamos con cada una de las comunidades respecto de personas imputadas de delitos. Creo que para algunas comunidades que están en la lógica más política sí somos abogados del Estado, pero también hay comunidades donde conocemos y nos relacionamos con la machi, con el lonko o con el werkén. Ahí se genera un vínculo más personal.
-Considerando estas relaciones, en ocasiones tensas o distantes, ¿cómo se toma el tema de los huelguistas mapuches que son imputados y representados por la Defensoría Penal Pública?
-Las huelgas de hambre en esta región, en particular, son recurrentes. Hay algunas que han sido extraordinariamente complejas, aunque la verdad es que todas los son. Nosotros tenemos protocolos institucionales, que nos indica que, una vez iniciada una huelga, el defensor público de una persona imputada o condenada tiene un plazo para visitar a esa persona y eso lo cumplimos.
En el resto del país, la relación se da entre abogado e imputado y así se resuelven los conflictos o bien se define una estrategia. Con el tema mapuche esa lógica es imposible. Aquí es abogado, imputado y comunidad; o bien imputados de distintos delitos, de distintas comunidades que han tomado una mirada global frente a un conflicto. Ahí la decisión es un poco más política en la lógica comunitaria. En ese sentido, tomar acciones para resolver esas huelgas escapa de nuestras posibilidades.
–¿Qué pasa con el trabajo del defensor público cuando se encuentra con un imputado mapuche que decide iniciar una huelga de hambre?
-En lo concreto, el primer procedimiento es conversar con él para ver la razón de iniciar una huelga. Sus motivos pueden ser una mala defensa o un cambio de defensor y ahí se toman decisiones rápidas y eso se resuelve, pero esos son los menos. En general, los conflictos son entre las comunidades o las personas privadas de libertad con Gendarmería, por las lógicas también del reglamento de la institución penitenciaria, por las diferencias culturales, por la pertinencia cultural al momento de una privación de libertad. Y ahí, con algunos recursos o acciones de garantía, la Defensoría sí presenta bastantes peticiones ante los tribunales planteando, por ejemplo, el tema de las encomiendas, las celebraciones, el respeto de algunas tradiciones e, incluso, del encierro o desencierro. En este momento, en la región, hay 24 huelguistas.
MUJERES PRIMERO
-¿Cómo es la relación de la Defensoría Regional con las demás instituciones que integran el sistema penal?
-Las relaciones son muy buenas con el Ministerio Público, el Poder Judicial, Gendarmería, con el INDH, con Carabineros y la PDI e, incluso, con el Ejército, con el que nos hemos relacionado producto de este estado de excepción vigente. También nos hemos vinculado con las comunidades mapuche. Tenemos una relación cordial con ellos. Creo que, de alguna manera, todos los que trabajamos en la región hemos logrado conciliar nuestras contradicciones y las relaciones institucionales han sido bastante buenas.
-Le pregunto por el recurso que presentó la Defensoría Regional por la falta de programas de Gendarmería y que fue acogido por la Corte Suprema, instruyéndolos a poner en marcha un programa para mujeres que han sido condenadas por abusos sexuales que están privadas de libertad…
-Lo primero: esto no ha complicado las relaciones con Gendarmería, porque cada institución tiene claro su rol y, en ese sentido, el recurso de protección que se presenta no es sólo contra ellos, sino contra todos nosotros, porque es el Estado el que tiene la obligación de brindar los programas a las mujeres, en este caso, condenadas por abusos sexuales.
Se trata de mujeres condenadas por abusos sexuales a las que el Estado no les daba posibilidades de contar con programas de rehabilitación en este tema, por razones presupuestarias, pero que aparecían como una de las condicionantes para postular a una libertad condicional. Consideramos que era un tema de género, de vulnerabilidad y, en ese sentido, presentamos un recurso y la Corte falló a nuestro favor, dando un plazo de 6 meses a Gendarmería para habilitar un programa de esta naturaleza destinado a mujeres, exigencia con la que ya cumplieron según nos informaron la semana pasada.
Nos parece que este fallo es una llamada de atención al Estado completo, porque le está diciendo que ‘las minorías no se pueden quedar fuera de este tema por razones presupuestarias’. Fue un logro tremendo y nace a partir del caso de una mujer que no podía postular a su libertad condicional porque no cumplía con el requisito del programa ya señalado. Gigliola Burgos es la defensora penitenciaria que presentó el recurso.
–En octubre se revisaron las libertades condicionales a nivel nacional. ¿Cómo les fue a las personas privadas de libertad representadas por la Defensoría Regional? ¿Cuáles fueron los grupos más favorecidos?
-Lo primero, felicitar al equipo penitenciario de La Araucanía, porque desde hace tres años participamos en la mesa de revisión de libertades condicionales. No sólo estudiamos los casos, sino que también tenemos derecho a voz para referirnos a las personas por las cuales nos vamos a jugar para que obtengan su libertad condicional.
Casi un 40 por ciento de las personas que representamos y postularon obtuvieron este beneficio, lo que nos deja sobre el promedio nacional. El equipo penitenciario revisó más de 150 casos.
Al haber más imputados hombres en la región, fue este grupo el más beneficiado, pero también quiero destacar el caso particular de una mujer que estaba muy complicada y que obtuvo su libertad condicional.
-Pensando en la reinserción social de las personas privadas de libertad, ¿la Defensoría Regional que usted dirige ha impulsado acciones que vayan en esta línea?
-Hoy estamos trabajando para ser parte del programa Chile Valora, que es una iniciativa que nace de la Defensoría Nacional. Somos una región piloto, lo que nos permite que aquellas mujeres que van a obtener su libertad en los próximos años puedan ser certificadas en un oficio, lo que les va a permitir una mejor y más rápida reinserción. Se trata de oficios no profesionales como, por ejemplo, ayudante de cocina, pero que hoy no cuentan con una certificación oficial. Esta iniciativa es un apoyo a la hora de postular a una libertad condicional.
Esta iniciativa, que espero pueda extenderse a todo el país, va a permitir que personas condenadas privadas de libertad puedan tener una certificación del oficio que conocen bien, para tener después oportunidades laborales más importantes.
–Esta Defensoría Regional ha impulsado varias actividades de apoyo dirigidas a mujeres privadas de libertad…
-En Temuco hay una cárcel de mujeres donde hay 47 privadas de libertad, entre imputadas y condenadas. Y en toda la región suman cerca de 100. Y sí, efectivamente, con el tema de la pandemia pensamos que teníamos que enfocar nuestro trabajo cotidiano en las personas privadas de libertad -que suman unas 300-, específicamente en las mujeres, por tratarse de un grupo más acotado.
En este sentido, se han hecho distintos talleres y operativos de salud física y mental. Nos hemos asociado con la Fundación Sirona, que es una agrupación que se preocupa de las mujeres vulnerables. Para nosotros hay vulnerabilidad en una cárcel. Estar privado de libertad es horrible y también lo es cuando se está en una cárcel. No podemos perder esta sensibilidad.
