Relojes para funcionarios, gastos en llaveros, $1 millón en tarjetas navideñas y $1.700 millones en patentes sin cobrar: los resultados de la fiscalización que realizó la Contraloría en la Municipalidad de San Miguel

Créditos Imagen : Facebook.com/contraloriacl

Andrés López Vergara, En Estrado.

“Se verificó que la Municipalidad de San Miguel adquirió relojes para reconocimiento de los funcionarios municipales por años de servicio por $ 710.668 y tarjetas navideñas por $ 1.237.005, situaciones que vulneran lo dispuesto en el dictamen Nos 16.903, de 2017 y 17.599, de 2018 y, respectivamente, de este Organismo Contralor. Esa municipalidad deberá, abstenerse de efectuar gastos que no cumplan con alguna función municipal, desembolsos que no se destinen exclusivamente al logro de los objetivos propios de tales entidades”.

Esa es parte de las conclusiones del informa de fiscalización que realizó la Contraloría en la Municipalidad de San Miguel. Cuestionando una serie de gastos y evidenciando falta en el cobro de patentes que podrían está prescritas, ya que se arrastran desde 2015.

También ordenó un procedimiento disciplinario al constatar que “la entidad comunal desembolsó en alimentación y en llaveros, efectuados en el marco del programa de aniversario 123 años, contraviniendo lo establecido en los dictámenes Nos 1.644, de 2004 y 14.289 y 14.287, ambos de 2009, de este Organismo de Control. Al respecto, esa entidad comunal deberá incoar un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios involucrados en los hechos descritos”.

Agregan que ”ese municipio deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a los dictámenes Nos 1.644, de 2004 y 14.289 y 14.287, ambos de 2009, de este Organismo de Control, en relación a no proporcionar directamente alimentación para sus funcionarios, como tampoco contratarla con particulares, sino cuando ello dice relación con las funciones que le son propias o cuando ha sido dotado de facultades específicas sobre dicha materia, lo que obviamente, tampoco pueden realizar respecto de los contratados a honorarios y en el sentido que las adquisiciones que realice tengan por objeto el fomento de la participación e interés de los habitantes de la comuna, y que cumplan con alguna función municipal conforme lo previsto en el artículo 4° de la ya referida ley N° 18.695”.

Patentes sin cobrar

La Contraloría estableció que “que se constató la existencia de cuentas por cobrar por un monto ascendente a $ 1.704.607.992, que corresponde a períodos anteriores al año 2015, de las cuales el 89,77%, son ingresos por recuperar por patentes municipales, las que eventualmente podrían encontrarse prescritas”.

Agregan que “esa entidad edilicia deberá efectuar las gestiones de cobro con el objeto de recuperar los montos adeudados por los deudores y/o contribuyentes, o en su defecto – para las patentes municipales- decretar la clausura de los establecimientos que aún mantengan morosidad, y, castigar, en caso que proceda, la deuda municipal conforme al procedimiento establecido en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, el cual faculta a las entidades edilicias para que una vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del Secretario Municipal, mediante decreto alcaldicio, emitido con acuerdo del concejo, declare incobrable la deuda y las castigue de su contabilidad, una vez transcurrido, a lo menos, cinco años desde que se hicieron exigibles, lo que deberá ser acreditado mediante un reporte del trabajo realizado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 90 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.