A juicio de la magistrada, estos datos “visibilizan el número de personas deudoras y los obligan a cancelar y cumplir con sus obligaciones para poder salir de este registro. En todos los tribunales del país con competencia en familia se están realizando las liquidaciones y luego se envían al registro las personas que tienen tres meses impagos continuos o cinco discontinuos”.
La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, entregó las cifras actualizadas del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, informando que al 21 de marzo los Juzgados de Familia del país han ingresado 50.432 personas al sistema, lo que suma un total de $65.100 millones de pesos de morosidad. La ministra del máximo tribunal destacó asimismo que ya se han realizado 186.509 liquidaciones.
A juicio de la Ministra Chevesich, estos datos “visibilizan el número de personas deudoras y los obligan a cancelar y cumplir con sus obligaciones para poder salir de este registro. En todos los tribunales del país con competencia en familia se están realizando las liquidaciones y luego se envían al registro las personas que tienen tres meses impagos continuos o cinco discontinuos”.
La autoridad asimismo informó, de un acuerdo con Banco Estado para que las cuentas a la vista que se deben tener para el depósito de las pensiones de alimentos sean creadas directamente en la audiencia y sin burocracia con el fin de facilitar el cumplimiento del pago. De este modo, una vez realizada la audiencia en donde se fija la pensión provisoria o la definitiva, el tribunal directamente oficia al Banco Estado y se genera este sistema por vía interconexión. Bajo esta modalidad, en dos semanas de funcionamiento, ya se han abierto en esta modalidad 2.929 cuentas.
En mayo comienza a regir una nueva normativa en esta materia que es la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Para la Ministra, es un importante para todas las instituciones involucradas “y le permite al tribunal primero investigar, retener y después disponer el pago. Y se trata de investigar en todas las instituciones bancarias, financieras, los fondos de las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro, los instrumentos de inversión y financieros que tiene el deudor. Es una labor para obtener el pago. Es una labor previa muy desafiante. Así que en eso estamos trabajando con todas las instituciones involucradas como lo son la Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Pensiones, entre otras”, dijo la ministra.
En ese contexto, las distintas Cortes de Apelaciones han explicitado las distintas cifras de cada jurisdicción. Por ejemplo, las inscripciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en la jurisdicción de Rancagua superaron las 1.800 durante sus primeros cuatro meses de funcionamiento, mientras que en Iquique han ingresado 437 personas. En Valdivia esta cifra se eleva a 2.847
A juicio de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Ministra Bárbara Quintana Letelier, esta labor que realizan a diario los tribunales busca resguardar el bienestar de niños, niñas y adolescentes y además “viene a enfrentar un problema de violencia económica contra las mujeres que se ha mantenido durante años en nuestro país”.
