Roberto Garrido Matamala. Abogado. Socio Garrido & Ormazábal abogados. Especialista en defensa de funcionarios públicos.
La Asamblea General de Naciones Unidas en su “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” (A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999), conocida como la declaración sobre defensores/as de DD.HH, señala que son defensores/as: las persona que, individual o colectivamente, promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
Por consiguiente, la profesión de abogado en tanto protege las garantías judiciales mínimas como el debido proceso, el derecho a defensa y la presunción de inocencia, los erige como defensores de derechos humanos, toda vez que estos valores están consagrados explícitamente en el artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica.
A propósito de la inminente designación del próximo Fiscal Nacional, hemos visto como un concurso público, en vez de analizar el curriculum, trayectoria y pergaminos -que sin duda tienen los oponentes al cargo- se ha transformado en una campal batalla comunicacional, en donde la actividad profesional de cada abogado o abogada ha sido tomado para enlodar las trayectorias de quienes postulan.
En definitiva, parece de suma gravedad que por ejercer la profesión, sea en el leal y correcto ejercicio de la función pública, o bien, en el legítimo y ético ejercicio privado, el abogado o abogada garante del derecho a defensa que el Estado asegura, vea vulnerada su honra por tener el coraje de asumir una gran responsabilidad. Es aún más inaceptable si esta actitud se despliega incluso por autoridades estatales.
Los derechos humanos se defienden siempre y como reza el lema de la Defensoría Penal Pública: sin defensa no hay justicia.
