Recaban antecedentes para definir si es un posible delito o una falta: gobierno analiza presentar denuncia por aplicación de tercera dosis de vacuna en Clínica Las Condes

Jul 9, 2021 | Actualidad

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Andrés López Vergara, En Estrado.

Han sido dos días en que la Subsecretaría de Salud ha recopilado antecedentes sobre la aplicación de una tercera dosis de la vacuna a Alejandro Gil, presidente del directorio de la Clínica Las Condes, incumpliendo las normas establecidas en el Plan Nacional de Vacunación.

Esto se debe a que se analiza una posible denuncia por este caso ante la Fiscalía Oriente, la que se presentaría por la Subsecretaría de Salud y de Prevención del Delito.

De la misma forma, en la Fiscalía Oriente también analizan la situación, dado que se debe definir qué tipo penal es aplicable y están a la espera de que el gobierno concrete la acción. Si esto no ocurre, está la posibilidad de que se abra una indagatoria por oficio.

Fuentes de gobierno indicaron a En Estrado que los análisis apuntan a definir si se configura un posible hurto, que es una falta, o una infracción al artículo 318 del Código Penal por no respetar el protocolo establecido por la autoridad sanitaria.

Escenarios

En abogado Juan Carlos Manríquez indicó ayer a En Estrado que respecto a una posible sanción penal o delito que la ley penal dice que será castigado “el que por vías de hecho se hubiere opuesto, sin motivo justificado, a la ejecución de trabajos públicos ordenados o permitidos por autoridad competente, con reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.

“Entonces, si el motivo médico de urgencia para recibir la tercera vacuna saltándose la fila y el protocolo ordenado por el MINSAL no era tal o no era justificado, y se incurrió en presiones (vías de hecho) para obtener la vacuna, teóricamente el médico tratante y el vacunado se opusieron de ese modo al trabajo, ritmo y calendario vacunatorio ordenado por el MINSAL, que es la autoridad, y podría incurrirse en el delito de causar oposición o embarazo a los trabajos ordenados o permitidos por la autoridad, que es precisamente lo que el código penal prevé”, señaló.

 

 

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