La difusión no autorizada de un registro en redes sociales, donde la autoridad intentó justificar la firma de los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores, desató la molestia en el Ejecutivo. Silva admitió públicamente que “no estimé necesario consultarlo” con el titular de la cartera, precipitando su salida del Ministerio de Justicia en medio del choque político y la indagatoria penal en curso.
El Gobierno resolvió la remoción de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia en medio del impacto provocado por la concesión de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La determinación de la Presidencia de la República se desató tras la publicación de un video en redes sociales en el que la autoridad ofreció explicaciones personales sobre su rol en la visación de las resoluciones exentas, registro que no contó con la autorización ni la coordinación previa del ministro de la cartera, Fernando Rabat, ni de los equipos de vocería del Ejecutivo.
La divulgación del material audiovisual provocó una profunda molestia en el Ministerio de Justicia y en el comité político de La Moneda, al configurarse un quiebre en la línea de comunicación oficial en medio de la crisis política por la que la oposición alista una acusación constitucional contra el titular de la repartición. Ante el desalineamiento institucional, la administración del Presidente José Antonio Kast concretó la desvinculación del subsecretario, activando el proceso para la designación de su reemplazante en el cargo.
El video de la discordia
En la grabación compartida de manera autónoma en sus cuentas personales, el ahora exsubsecretario abordó el procedimiento interno mediante el cual se visaron las reducciones de pena a los condenados por abuso sexual y violación infantil. En dicho registro, Silva buscó delimitar su responsabilidad administrativa sosteniendo que “el ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico” con el que se resolverían los expedientes desde la secretaría de Estado.
Respecto de su intervención directa en los documentos oficiales, Silva argumentó en la plataforma que “¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subroga el subsecretario”. Pese a lo sensible de la contingencia, la exautoridad reconoció posteriormente de manera abierta que prescindió de los canales de validación interna antes de liberar el mensaje a la opinión pública, admitiendo que “no estimé necesario consultarlo” previamente con Rabat.
Frente a los cuestionamientos por saltarse los protocolos de gabinete, el exfuncionario argumentó que su objetivo principal fue “informar a la ciudadanía sobre una materia que existe un gran desconocimiento”. En esa misma línea, intentó restarle gravedad a la falta de coordinación afirmando que “como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro, porque no estaba diciendo en él, y lo pueden comprobar fácilmente, nada distinto de lo que el ministro ya había dicho el día miércoles en la Cámara de Diputados”.
Escalada judicial y presión sobre el Gabinete
La abrupta salida de Silva de la Subsecretaría de Justicia se escenificó en una jornada especialmente compleja para la repartición gubernamental. Horas antes de confirmarse su remoción, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ratificó la apertura de una investigación penal por el presunto delito de prevaricación administrativa en contra de Rabat y del propio Silva. La causa se inició luego de que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, derivara la denuncia interpuesta por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) para indagar eventuales infracciones a normas legales expresas en la visación de los decretos exentos.
Mientras el Gobierno notificó la desvinculación del subsecretario para contener el flanco comunicacional, en los sectores de oposición recalcaron que la medida resulta insuficiente para diluir las responsabilidades políticas por la liberación de los sentenciados, manteniendo la exigencia de renuncia sobre el ministro Fernando Rabat.
