El tribunal de alzada capitalino declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por el organismo autónomo contra los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores. El Defensor Anuar Quesille confirmó que agotarán los recursos procesales y cuestionó la filtración de la resolución judicial, mientras equipos de la Contraloría auditan en terreno la secretaría de Estado en medio de la indagatoria penal por prevaricación.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de la Niñez en contra de las rebajas de pena otorgadas por el Ejecutivo a sentenciados por delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Frente al pronunciamiento del tribunal de alzada capitalino, la institución autónoma confirmó que activará los recursos procesales correspondientes con el objetivo de solicitar la reconsideración del fallo y, de mantenerse el criterio, elevar la revisión del caso ante la Corte Suprema.
Al fijar la postura oficial del organismo, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que la resolución de la magistratura no paraliza las acciones destinadas a cautelar a los afectados. “La inadmisibilidad de este recurso no significa que la situación de las víctimas esté resuelta. En dicho contexto haremos uso de los recursos procesales establecidos para efectos de asegurar una adecuada protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas que se vieron afectados por las rebajas de condenas ordenada por el Poder Ejecutivo”, sostuvo la autoridad.
En la misma línea, la institución manifestó su preocupación por la filtración de la resolución desde el propio Poder Judicial a medios de comunicación antes de ser notificada formalmente a las partes. Tratándose de una causa de carácter reservado por involucrar la intimidad de menores de edad víctimas de agresión sexual, la Defensoría remarcó que el hecho plantea interrogantes sobre los mecanismos de resguardo del tribunal que requieren ser esclarecidos, asegurando que desplegará todas sus atribuciones legales para la debida salvaguarda de los afectados.
Auditoría en terreno de la Contraloría en el Ministerio de Justicia
Mientras la vía constitucional busca llegar al máximo tribunal, el frente de control administrativo registró un avance clave con la llegada de la Contraloría General de la República (CGR) a las dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El organismo fiscalizador abrió un proceso de inspección e investigación en terreno para auditar los procedimientos y fundamentos técnicos aplicados por la repartición encabezada por el ministro Fernando Rabat en la dictación de las resoluciones de gobierno.
Desde el ente contralor confirmaron el despliegue de sus equipos en la sede ministerial, precisando que “a raíz de denuncias recibidas, la Contraloría General está constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia”. La labor de los auditores se orienta a esclarecer eventuales irregularidades administrativas en la tramitación de las solicitudes y evaluar la legalidad de los criterios utilizados para conceder los beneficios.
Los 56 decretos exentos y el marco de la indagatoria penal
El escenario de fiscalización e impugnaciones judiciales se inscribe en la controversia originada tras la firma de 56 decretos exentos de reducción de condena, emitidos entre marzo y septiembre de 2026 bajo la gestión del ministro Fernando Rabat y del exsubsecretario Luis Silva de la Fuente. La aplicación de dichos actos administrativos derivó en la puesta en libertad de al menos 33 sentenciados por delitos sexuales contra menores identificados públicamente, otorgando disminuciones que alcanzaron hasta los 36 meses de reclusión.
El conflicto institucional se profundizó al constatarse que las resoluciones se firmaron a pesar de que los informes técnicos elaborados por Gendarmería de Chile advertían de forma explícita en diversos expedientes sobre un alto riesgo de reincidencia o la falta de arrepentimiento por parte de los beneficiados.
En el ámbito penal, los hechos son objeto de una investigación formal a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, indagatoria asignada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia al fiscal regional Francisco Jacir con la asistencia de la unidad anticorrupción para determinar la eventual existencia del delito de prevaricación administrativa.
