Créditos Imagen : Defensoría Penal Pública
Andrés López Vergara, En Estrado.
En un encuentro organizado por la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública (DPP), el abogado y académico Eugenio Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Argentina y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), expuso su visión sobre el resguardo de los derechos humanos en los países de la región.
La exposición es parte de las actividades de conmemoración de los 20 años del inicio de la reforma procesal y fue moderada por el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la DPP, Tomás Pascual, e incluyó un saludo inicial del Defensor Nacional, Andrés Mahnke.
Independencia
Zaffaroni destacó la importancia de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros tratados internacionales que refuerzan la protección de grupos vulnerables sometidos a distintas formas de discriminación estructural, contexto en que identificó tres elementos a tener en cuenta: la necesidad de autonomía de la defensa pública, la urgencia de ampliar la cobertura de defensa pública a toda la extensión del proceso penal y la importancia de fortalecer las defensas especializadas, con enfoques diferenciados para distintos grupos vulnerables.
“Estamos de cara a un proceso constituyente que hace urgente promover el rol de la Defensoría Penal Pública y de su necesaria autonomía, que no es un capricho, sino un resguardo para una defensa independiente, sin intervención externa, como un equilibrio frente a la persecución penal y la labor de los tribunales”, dijo.
Agregó que “la autonomía del Ministerio Publico de la Defensa debiera ser equivalente a la del Ministerio Público fiscal, sin potestad alguna del Ejecutivo y con tuición del sistema interamericano de derechos humanos. Esta autonomía es clave para el ejercicio de la defensa. (Luigi) Ferrajoli proponía que la defensa también debiera tener una policía de investigación de descargo a su disposición, entendida como un órgano auxiliar equivalente al que usa el Ministerio Público para la prueba de cargo (…). La importancia de institucionalizar y fortalecer la defensa pública como obligación del Estado no es delegable y es más importante en nuestra región, dada la selectividad del poder punitivo, que se agudiza según el grado de estratificación de nuestras sociedades. La realidad regional nos plantea un problema serio, previo a la pandemia, pero que ésta agudizó: nuestras poblaciones penales están integradas en un 80 a 85 por ciento por personas imputadas o condenadas por delitos contra la propiedad sin violencia física, es decir delincuencia de sobrevivencia”.
Selectividad
Según el experto, esta selectividad punitiva es apoyada por los medios monopólicos, en una zona del planeta que presenta una distribución de la riqueza incluso más injusta y desigual que la de África. “Este tratamiento diferenciado por una marcadísima estratificación social está normalizado. Es obvio que en una población pobre nadie aprende a hacer evasión fiscal, pero sí a sacarle dinero del bolsillo a un pasajero del autobús”, ejemplificó.
En ese sentido, sostuvo que las policías actúan como agencias de criminalización secundaria, que seleccionan según pautas burocráticas, es decir hacer lo más fácil y responder a estereotipos. “Lo más fácil es encontrar a alguien que va con uniforme de ladrón por la calle. Ese es el resultado de esta selectividad punitiva”, explicó.
Por último, advirtió que la población penal ha ido creciendo a un ritmo de 7 por ciento anual en algunos países y con deterioros muy graves de los sistemas penitenciarios, con niveles de sobreocupación de hasta 750 por ciento.
“El presupuesto no creció, el número de funcionarios bajó y se alteró la relación entre éstos y los presos, de modo que muchas cárceles están a cargo de los presos, con mafias internas que someten al resto a condiciones de servidumbre y con conflictos de hegemonía entre grupos rivales, con decenas y hasta cientos de muertos. Muchas de nuestras cárceles han degradado en campos de concentración”, aseguró.
