El psiquiatra Alberto Larraín encabeza el listado de imputados a los cuales el Ministerio Público investiga en una de las aristas del Caso Convenios.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó este viernes la orden de detención contra cinco personas vinculadas al caso Convenios, específicamente en la arista Procultura, en la que el Ministerio Público indaga presuntas irregularidades en torno al convenio con la Gobernación Regional Metropolitana para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.
Se trata del psiquiatra Alberto Larraín, cofundador y director ejecutivo de la ONG ProCultura; de María Constanza Gómez, representante legal de la misma; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gore Regional Metropolitano; y Gabriel Prado quien ofició como el nexo entre el Gore y ProCultura.
El control de detención y posterior formalización se llevará a cabo este sábado, instancia en la que la fiscalía comunicará formalmente los hechos por los cuales son perseguidos penalmente los cinco detenidos, y solicitará medidas cautelares.
Querellas del CDE
Larraín y Gómez son investigados por hechos descritos en las querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en distintas regiones del país, contra Alberto Larraín y María Constanza Gómez. Ello, tras el análisis de los antecedentes de la investigación penal a cargo del Ministerio Público.
Las querellas interpuestas en noviembre pasado ante los Juzgados de Garantía de Valparaíso y Chillán, por el delito de fraude al Fisco, se dirigen igualmente contra distintos funcionarios públicos por su participación, junto a Larraín y Gómez, en la suscripción de convenios de transferencia de recursos entre la fundación y la SEREMI MINVU, el SERVIU de Valparaíso y el GORE de Ñuble respectivamente.
Dichos convenios estaban destinados a la ejecución de proyectos vinculados a un programa de asentamientos precarios en el primer caso, y a la iniciativa denominada “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, en el segundo caso.
Respecto de las querellas presentadas en el Juzgado de Garantía de Concepción y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el CDE interpuso querellas por apropiación indebida en contra de María Constanza Gómez Cruz y Alberto Andrés Larraín Salas, y en contra de quienes resulten responsables, en virtud de los antecedentes reunidos que dan cuenta de la distracción de recursos públicos entregados a la Fundación Procultura en el marco de convenios de transferencia con el Gobierno Regional de Biobío y el Gobierno Regional Metropolitano.
Sobre dichas acciones, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, señaló en esa oportunidad que “como institución hemos mantenido una labor constante de estudio y análisis en aquellos asuntos referidos a convenios de transferencia de recursos públicos entre organismos del Estado y la mencionada Fundación, tanto desde la perspectiva penal como civil, a fin de resguardar los recursos fiscales que nos pertenecen a todos los chilenos.”
