Lo que comenzó como un hallazgo de auditoría interna en la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) escaló este jueves a la sede judicial. Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Marcela Hernando (P. Radical) ingresaron una querella criminal por los presuntos delitos de fraude al Fisco, administración desleal, obtención fraudulenta de prestaciones, falsedad documental y estafa.
La acción legal apunta a una eventual manipulación de las cifras de producción correspondientes al ejercicio 2025. Según el texto, se habría producido una desviación de 26.875 toneladas métricas de cobre fino reportadas como cumplimiento de metas. El desglose técnico contenido en la querella detalla que 20 mil toneladas corresponden a óxidos de la División Chuquicamata y 6.875 toneladas a arsenito de calcio de la División Ministro Hales.
El foco en los incentivos y bonos
El centro del reproche judicial no es solo la inconsistencia técnica, sino el efecto patrimonial que estas cifras habrían generado. Los parlamentarios sostienen que la supuesta sobreestimación se habría utilizado para “activar o mejorar indicadores de desempeño, incidir en bonos e incentivos variables”, según la querella y aparentar el cumplimiento de metas corporativas que, de otro modo, no se habrían alcanzado.
En el escrito, se advierte que esta maniobra buscaba inducir a error a los órganos de control y comprometer recursos fiscales. Al respecto, la diputada Hernando fue enfática: “Cuando se afecta el patrimonio de una empresa estatal, le estamos metiendo la mano al bolsillo a todos los chilenos”. Por su parte, el diputado Mulet calificó la atribución de estas 27 mil toneladas como una “situación defraudatoria grave”.
Diligencias y responsabilidad de la persona jurídica
La querella no solo se dirige contra altos ejecutivos, directores y gerentes que resulten responsables, sino también contra la propia empresa estatal bajo la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En términos operativos, los querellantes solicitaron que la causa se radique en la Región Metropolitana, argumentando que en Santiago se encuentra la casa matriz y donde se habrían validado los reportes finales.
Actualmente, existe una investigación penal vigente liderada por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos. Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público en este nuevo libelo destacan la incautación de correos electrónicos, registros SAP, chats corporativos de Teams y respaldos en SharePoint de los involucrados.
Asimismo, los parlamentarios solicitaron una audiencia urgente para discutir medidas cautelares reales, que incluyen el embargo y la “suspensión provisoria de desembolsos asociados a bonos o incentivos cuestionados”, con el fin de evitar que se materialicen pagos basados en las cifras que hoy están bajo la lupa de la justicia.
